Una decisión que marca un precedente en la educación jurídica
Recientemente, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago anunció una estrategia para adaptar la formación de sus estudiantes sin renunciar a las habilidades que considera esenciales para ejercer la profesión. El plan, que comenzará a implementarse como piloto durante el año académico 2026-2027, busca preparar a los futuros abogados en una época en la que herramientas como ChatGPT ya forman parte de la práctica jurídica, sin que estas sustituyan el pensamiento crítico, el análisis y el juicio profesional.
"La enseñanza del derecho debe preparar a los estudiantes para pensar con la IA, sin la IA y sobre la IA", resume el documento presentado por la institución.
Los tres ejes de la nueva estrategia
- Desarrollar métodos de enseñanza y evaluación resistentes al uso indiscriminado de la inteligencia artificial, diseñando actividades que obliguen a los estudiantes a pensar, analizar y resolver problemas jurídicos sin recurrir constantemente a respuestas generadas por estas herramientas.
- Fortalecer las habilidades humanas como la argumentación oral, el pensamiento crítico, el juicio estratégico, la negociación, la construcción de relaciones con clientes y la capacidad para asesorar y persuadir.
- Enseñar el uso responsable, ético y eficaz de la inteligencia artificial, no solo para manejar las plataformas actuales, sino para adaptarse a tecnologías que cambiarán rápidamente en los próximos años.
Clases sin pantallas: la medida más llamativa
Una de las medidas más llamativas será la prohibición del uso de computadores portátiles, tabletas y teléfonos celulares durante las clases obligatorias del primer año de Derecho. La regla tendrá algunas excepciones, como estudiantes que requieran adaptaciones por discapacidad, actividades específicas autorizadas por los profesores o el uso de dispositivos por estudiantes designados para tomar apuntes colectivos.
La universidad también hará exámenes presenciales sin acceso a internet, archivos electrónicos o aplicaciones, con el fin de evaluar el razonamiento propio de los estudiantes y evitar que dependan de asistentes de inteligencia artificial. Además, mantendrá el método socrático como base de la enseñanza, fundamentado en preguntas constantes del profesor para estimular el razonamiento, la discusión y el análisis jurídico en tiempo real.
Un enfoque equilibrado: no eliminar la IA, sino integrarla con criterio
Aunque endurece algunas reglas, la universidad insiste en que no pretende eliminar la inteligencia artificial del proceso de formación. Por ejemplo, en el curso de investigación y escritura jurídica del primer año, los estudiantes aprenderán a usar estas herramientas para investigar, revisar borradores, mejorar textos y preparar intervenciones orales. La idea es que primero desarrollen la capacidad de escribir y argumentar de manera independiente y, posteriormente, aprendan a supervisar, evaluar y corregir los resultados producidos por la IA.
En los cursos electivos, los profesores tendrán mayor libertad para experimentar con nuevas metodologías de enseñanza y evaluación, como el uso de chatbots diseñados para apoyar el estudio, problemas de práctica generados con inteligencia artificial, proyectos colaborativos, presentaciones orales y evaluaciones intermedias. Las clínicas jurídicas, donde los estudiantes trabajan en casos reales bajo la supervisión de profesores, también incorporarán inteligencia artificial, con herramientas especializadas para áreas como litigios, inmigración y derecho transaccional.
Un proceso de reflexión que comenzó en 2023
La reflexión sobre el impacto de la inteligencia artificial comenzó poco después del lanzamiento público de ChatGPT, a finales de 2022. En 2023, la universidad creó un comité especializado para estudiar el fenómeno y empezó a diseñar políticas sobre el uso de estas herramientas en las aulas. Desde entonces, incorporó un módulo de inteligencia artificial en el programa de investigación y escritura jurídica del primer año, creó nuevas asignaturas sobre IA y derecho, fundó un laboratorio especializado (AI Lab) para desarrollar herramientas que contribuyan al acceso a la justicia y firmó acuerdos con empresas líderes del sector para que estudiantes, profesores y personal administrativo tengan acceso a las mismas plataformas que utilizan los abogados en ejercicio.