La confrontación armada en Colombia atraviesa una nueva etapa con el uso de drones con explosivos, la combinación de acciones insurgentes con economías ilegales y la fragmentación de los grupos armados que están modificando la dinámica del conflicto, así lo reseña el más reciente Reporte sobre Crimen Organizado y Terrorismo en Latinoamérica, elaborado por el Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento (CNT).
Un efecto ‘hidra’ tras la desmovilización de las Farc
El documento sostiene que los hechos registrados durante el primer semestre del año reflejan "una transformación en las capacidades operativas del Eln y de las disidencias de las Farc". El análisis ubica el punto de partida en un contexto marcado por las dificultades de los procesos de paz y la continuidad de las confrontaciones armadas. Mientras el Gobierno mantenía abiertos canales de diálogo con el Eln, las operaciones militares continuaban sobre distintos frentes.
A partir de marzo, la secuencia de hechos mostró un aumento de acciones que, aunque ocurrieron en distintas zonas del país, respondieron a una lógica común. El documento plantea varios mecanismos para explicar la evolución del conflicto; uno de ellos es el denominado efecto “hidra” posterior a la desmovilización de las Farc. Según el análisis, la desaparición de una estructura central dio paso a múltiples organizaciones que conservaron capacidades militares, reconstruyeron redes regionales y mantuvieron las economías ilegales. En ese escenario, la captura o muerte de algunos jefes dejó de representar un golpe definitivo para las organizaciones.
Violencia como herramienta de control territorial
Otro de los factores identificados es la utilización de la violencia como herramienta de control territorial. El informe sostiene que los ataques indiscriminados, los bloqueos armados y el empleo de explosivos buscan intimidar tanto a la población como al Estado para garantizar el control sobre corredores estratégicos y economías ilícitas. Esa estrategia es descrita como un modelo de “terrorismo funcional”, en el que la violencia responde a objetivos operacionales más que ideológicos.
Fronteras difusas entre insurgencia y crimen organizado
El CNT también advierte que las fronteras entre insurgencia y crimen organizado son cada vez menos visibles. En su análisis, el Eln y las disidencias operan como organizaciones que financian su estructura mediante el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras rentas criminales, al tiempo que ejercen funciones de autoridad en zonas donde la presencia estatal es limitada. Bajo esa lógica, las organizaciones establecen sistemas de control social, cobran tributos ilegales e imponen reglas de convivencia.
La investigación agrega que la debilidad institucional y los fenómenos de corrupción terminan ampliando el margen de maniobra de estos grupos. En algunos territorios, sostiene el documento, las redes criminales logran infiltrarse en comunidades, influir en liderazgos locales y reducir la capacidad de respuesta del Estado, convirtiendo esa captura institucional en un multiplicador de poder.
Escalamiento táctico: drones y guerra irregular
Sin embargo, uno de los cambios que concentra mayor atención es la incorporación de nuevas capacidades militares. El informe documenta el empleo de drones cargados con explosivos, vehículos bomba, emboscadas coordinadas y armamento de guerra como parte de una evolución táctica que acerca las operaciones de estos grupos a esquemas de guerra irregular con mayores niveles de sofisticación.
“Escalamiento táctico y convergencia con conductas paramilitares”, denomina el documento a esa transformación. Según el análisis, la adopción de drones, minas dirigidas y dispositivos antijammer responde a la necesidad de contrarrestar la superioridad militar del Estado y elevar el costo de las operaciones de la Fuerza Pública.
Un desafío persistente para la seguridad nacional
Aunque el informe reconoce que las Fuerzas Militares intensificaron su ofensiva —con 33 integrantes de grupos armados abatidos y más de 1.300 capturas entre enero y marzo de 2026—, advierte que la capacidad de adaptación de estas organizaciones mantiene abierto el desafío para la seguridad nacional.
En sus conclusiones, el reporte sostiene que el conflicto colombiano atraviesa una etapa de redefinición. La expansión del uso de nuevas tecnologías, la persistencia de las economías ilegales y la capacidad de adaptación de los grupos armados configuran un panorama en el que la evolución de las negociaciones de paz y el comportamiento de la violencia en regiones como Cauca, Valle del Cauca y Nariño serán determinantes para establecer cuál de esos escenarios termina imponiéndose.