La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrirá este 22 y 23 de julio una de las etapas más decisivas del proceso contra el exrepresentante a la Cámara por Caquetá, Luis Fernando Almario Rojas. En las audiencias públicas del Juicio Adversarial Transicional, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad estudiará el material probatorio con el que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) busca demostrar que el excongresista fue presunto coautor del crimen de lesa humanidad de persecución, cometido en asocio con las extintas Farc.
Una acusación que incluye una masacre emblemática
Según la acusación de la UIA, Almario habría participado en un plan criminal cuyo propósito era exterminar al grupo político asociado a la familia Turbay Cote y consolidar el control político del departamento del Caquetá. De acuerdo con el expediente, esa estrategia de persecución por motivos políticos habría incluido asesinatos y secuestros de, al menos, 30 líderes, simpatizantes y colaboradores de ese movimiento político. Entre las víctimas figuran seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador.
Uno de los hechos que hace parte de la acusación es la masacre del 29 de diciembre de 2000, atribuida a la Columna Móvil Teófilo Forero de las extintas Farc-EP. En ese ataque fueron asesinados el entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, Diego Turbay Cote; su madre, Inés Cote de Turbay; además de Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos.
El desarrollo del juicio y las decisiones previas
Durante las jornadas del juicio, los magistrados resolverán las estipulaciones probatorias acordadas entre las partes y escucharán la sustentación sobre la pertinencia de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida que fue descubierta y solicitada durante la etapa preparatoria. La instalación de esta fase oral ocurre después de que la JEP rechazara de manera definitiva dos solicitudes de nulidad y una de prescripción presentadas por el compareciente y su defensa. En esas decisiones, la jurisdicción reiteró que no permitirá el uso de recursos o acciones “notoriamente improcedentes” destinadas a entorpecer o dilatar el avance del proceso.
Un precedente para la justicia transicional
Al concluir esta etapa procesal, Almario tendrá la posibilidad de informar si decide hacer un reconocimiento tardío de responsabilidad o si mantiene su decisión de continuar en el juicio adversarial. Si opta por esta última vía y finalmente es declarado culpable, podría enfrentar una pena ordinaria de hasta 20 años de prisión. Este proceso marca un precedente para la Jurisdicción Especial para la Paz, al convertirse en el primer caso relacionado con conductas atribuidas a las extintas Farc que avanza hacia un Juicio Adversarial Transicional, el mecanismo previsto para quienes no aceptan responsabilidad y deciden defenderse en juicio.
La JEP recordó que, hasta la fecha, ha emitido 182 imputaciones contra integrantes de las extintas Farc y sus bloques por presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario dentro de varios macrocasos del conflicto armado.