La estrategia con la que el Gobierno busca reindustrializar al país podría terminar debilitando la competitividad de la misma industria que pretende fortalecer. Es la principal advertencia de Pilar Esguerra Umaña, economista y analista senior de Insilab —centro de investigación conocido como el Laboratorio de Inteligencia Situacional— quien sostiene que el proyecto de decreto de los llamados 'aranceles inteligentes' encarece los insumos de sectores manufactureros altamente exportadores, reduce su capacidad para competir en los mercados internacionales y, al final de la cadena, también podría trasladar mayores costos a los consumidores colombianos.
El impacto en los insumos y la competitividad
El proyecto de decreto contempla incrementos de entre 10 y 20 puntos porcentuales en aranceles para cerca de 130 subpartidas provenientes de países con los que Colombia no tiene Tratados de Libre Comercio (TLC). Según la analista, esta medida encarecería materias primas y bienes intermedios utilizados por la industria manufacturera, lo que afectaría directamente su capacidad para exportar y competir en el mercado global.
Los aranceles inteligentes encarecen los insumos de sectores manufactureros altamente exportadores, reducen su capacidad para competir en los mercados internacionales y, al final de la cadena, también podrían trasladar mayores costos a los consumidores colombianos.
Las dudas sobre la efectividad de la medida
Expertos consultados señalan que, lejos de resolver los problemas estructurales de la industria colombiana, los aranceles inteligentes podrían generar un efecto contraproducente: proteger temporalmente algunos sectores, pero a costa de debilitar la competitividad de otros eslabones de la cadena productiva. La medida, advierten, no ataca las causas profundas de la falta de industrialización, como la baja inversión en innovación, la infraestructura deficiente o los altos costos logísticos.
El debate está abierto mientras el Gobierno evalúa los comentarios al proyecto de decreto. Mientras tanto, industriales y economistas esperan que se ajusten los términos para evitar un impacto negativo en la economía nacional.