Para millones de colombianos, vivir en arriendo dejó de ser una etapa temporal y se convirtió en una necesidad permanente. El incremento en los costos de la vivienda, las dificultades para acceder a créditos y los cambios en las dinámicas económicas han hecho que cada vez más hogares dependan de la renta como principal alternativa habitacional.
En ese escenario, se evidencia que muchos inquilinos podrían estar pagando valores adicionales que no tienen sustento legal y que, en algunos casos, terminan normalizándose por desconocimiento.
La magnitud del fenómeno en Colombia
Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno. Cerca del 40 por ciento de los hogares del país vive en alquiler y, en ciudades como Bogotá, la proporción es del 57,4 por ciento, superando la mitad de las viviendas ocupadas. El crecimiento de esta modalidad ha convertido los contratos de arrendamiento en una parte determinante del presupuesto familiar y también ha incrementado las dudas sobre los límites legales de los cobros que pueden realizar propietarios e intermediarios.
Algunos cobros exigidos en contratos de arriendo podrían no tener sustento legal.
Depósitos no reembolsables, aumentos indebidos y pagos extra son algunas de las prácticas que algunos arrendadores realizan de manera indebida, según expertos en derecho inmobiliario. Los inquilinos deben conocer sus derechos para evitar ser víctimas de estos cobros ilegales.