Un doble freno a la contratación exprés en pleno relevo presidencial
A una semana del cambio de mando en la Casa de Nariño, el Consejo de Estado puso en pausa dos decisiones clave del gobierno de Gustavo Petro: la resolución que declaraba hábiles los fines de semana y festivos para agilizar la contratación estatal, y el decreto que autorizaba el traslado de 4 billones de pesos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Contraloría, por su parte, advirtió que la contratación se disparó un 25 % frente al mismo periodo del año anterior, con compromisos por más de 4,5 billones de pesos firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Garantías.
Los $4 billones que no podrán moverse sin el Congreso
La primera suspensión recayó sobre el Decreto 802 del 23 de julio de 2026, específicamente los artículos 4 y el inciso segundo del artículo 5. El alto tribunal consideró, en un análisis preliminar, que esas disposiciones permitían al Ministerio de Hacienda modificar partidas presupuestales sin pasar por el Congreso, como lo exige la Ley Anual de Presupuesto. El decreto fue expedido sin que existiera un estado de excepción ni una ley que habilitara esos movimientos, y además no identificaba las partidas afectadas.
En cuanto a la urgencia, el Despacho considera que le asiste razón a la parte actora al advertir que el trámite ordinario previsto en el artículo 233 del CPACA no mitigaría el riesgo, dado que el propio Decreto 802 de 2026 habilita que los traslados presupuestales autorizados en el parágrafo del artículo 4 sean ejecutados por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mediante el régimen de contratación previsto en el Capítulo VII de la Ley 1523 de 2012, sin licitación y con negociación directa de precios.
La Sala también descartó que el Gobierno pudiera sustentar esos traslados en el artículo 50 de la Ley 1523 de 2012, norma invocada en el decreto. Según explicó, esa disposición obliga al Ministerio de Hacienda a garantizar que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres cuente con los recursos suficientes para atender emergencias, pero no le otorga facultades para modificar el presupuesto mediante traslados ordenados por el Ejecutivo por fuera del trámite ordinario.
Fines de semana y festivos: la otra medida que cayó
El Consejo de Estado también suspendió provisionalmente la resolución del Dapre que habilitaba sábados, domingos y festivos entre el 11 de julio y el 2 de agosto para adelantar trámites precontractuales, contractuales, administrativos y presupuestales. El Gobierno argumentó que buscaba 'garantizar la continuidad del servicio y facilitar el proceso de empalme presidencial'.
Sin embargo, el alto tribunal encontró contradicciones con el régimen legal que regula la jornada laboral de los servidores públicos. La resolución ordenaba programar servidores públicos para trabajar esos días, pero establecía que ello no generaría automáticamente el reconocimiento de horas extras ni remuneración adicional. Para el magistrado ponente, esas disposiciones desconocen, prima facie, el decreto que regula la jornada laboral y que establece que cuando un funcionario trabaja ocasionalmente un domingo o un festivo tiene derecho al pago del recargo correspondiente o a un día de descanso compensatorio.
El contexto de la contratación desbordada
La decisión del Consejo de Estado se produce en medio de advertencias de la Contraloría sobre un aumento del 25 % en la contratación pública frente al mismo periodo del año pasado, con compromisos por más de 4,5 billones de pesos suscritos tras la entrada en vigor de la Ley de Garantías. El alto tribunal, con estas medidas cautelares, busca evitar que se consoliden contrataciones y traslados presupuestales que podrían vulnerar el orden legal y fiscal.