Un proceso de responsabilidad fiscal por 6.501 millones de pesos
La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de 6.501 millones de pesos en la Secretaría Distrital de Movilidad. En un auto de 37 páginas, al que EL TIEMPO tuvo acceso, el organismo de control concluyó, de manera preliminar, que entre 2021 y 2024 la entidad destinó recursos públicos para pagar 5.467.476 consultas al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), unos pagos que, según la investigación, no tenían un sustento jurídico suficiente.
Los convenios bajo la lupa y los vinculados
La decisión se originó en una auditoría financiera realizada a la Secretaría de Movilidad sobre la vigencia 2024. Durante esa revisión, la Contraloría analizó la ejecución de dos convenios interadministrativos mediante los cuales se financiaron distintos componentes del Sistema Inteligente de Transporte, entre ellos el servicio de consultas al RUNT.
Por estos hechos fueron vinculados exsecretarios de Movilidad, funcionarios, supervisores de convenios y un exdirectivo de la ETB. La entidad distrital afirmó que los trámites fueron parte de sus funciones legales y señaló que colaborará con el proceso.
La Secretaría de Movilidad afirmó que los trámites fueron parte de sus funciones legales y señaló que colaborará con el proceso.