En un exclusivo condominio del barrio Prados del Limonar, en el sur de Cali, se escondía una fortuna construida con dinero del narcotráfico internacional. Así lo determinó el Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la extinción de dominio sobre varios bienes de Gilberto Adriam Cañas Rodríguez, alias 'Liebre', un reconocido narco valluno que intentó colarse en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) haciéndose pasar por exguerrillero de las Farc.
Una condena en Estados Unidos que marcó el inicio del proceso
El caso se remonta a 2016, cuando el gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición de Cañas Rodríguez por delitos de narcotráfico. La justicia estadounidense lo acusó de concertarse con otras personas para distribuir cinco kilos o más de cocaína entre enero de 2013 y febrero de 2014, en una operación que incluyó el envío de cargamentos desde Colombia hacia Centroamérica y, desde allí, hacia territorio norteamericano.
Uno de los episodios más relevantes ocurrió el 25 de octubre de 2013, cuando autoridades interceptaron en aguas internacionales, a 300 millas náuticas al sureste de Guatemala, una lancha rápida que transportaba 639 kilogramos de cocaína ocultos en el casco de la embarcación. Ese hallazgo fue clave para vincular a Cañas con una organización criminal transnacional.
Los bienes que pasaron a manos del Estado
- Una casa en el Condominio Villa Campestre del Río 1, en el barrio Prados del Limonar, Cali.
- Un predio rural conocido como 'La Laguna', en zona rural de Patía, Cauca.
- Un semirremolque y un hato compuesto por 119 bovinos y 16 bufalinos.
- Dos predios en Patía, Cauca, a nombre de su esposa Martha Lucía Ñáñez Hoyos.
- Una vivienda a nombre de su hijo Bryan Esteban Cañas Ñáñez, adquirida cuando aún era menor de edad.
Los argumentos que no convencieron al Tribunal
La defensa de la familia Cañas Ñáñez argumentó que existía un error de traducción entre las figuras de 'conspiracy' en el derecho estadounidense y 'concierto para delinquir' en Colombia, y sostuvo que los bienes fueron adquiridos con ingresos lícitos derivados de actividades ganaderas y comerciales. Sin embargo, el Tribunal desestimó estos argumentos al encontrar que la Corte Suprema de Justicia ya había conceptuado que la conducta imputada en Estados Unidos equivale al concierto para delinquir con fines de narcotráfico en Colombia.
En los procesos de extinción de dominio no aplica la presunción de inocencia, ni el principio de in dubio pro reo. Es el propio afectado quien debe demostrar el origen lícito de sus bienes cuando existen indicios de ilicitud.
El Tribunal también destacó contradicciones entre los testimonios de los propios afectados. En el caso de la vivienda del hijo, el abuelo declaró haber aportado solo $60 millones de los $90 millones que costó el inmueble, mientras que Cañas Rodríguez había asegurado que su padre pagó la totalidad de la finca, dejando sin explicación un saldo de $30 millones.
El intento fallido de colarse en la JEP
La última vez que se escuchó de Cañas Rodríguez fue en octubre de 2017, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos aprobó su extradición a Estados Unidos. Durante ese proceso, el narco intentó tumbar el traslado asegurando que había sido guerrillero de las Farc, por lo cual intentó colarse en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a través de una tutela que no tuvo efecto. Ahora, parte de sus bienes integrarán las cuentas del Estado.