Noticia Exclusivo suscriptores Los riesgos de un presidente en guerra contra las cortes y la independencia judicial en la recta final de la campañaNarrativa contra decisiones de la justicia no es nueva, pero ahora es más frecuente y agresiva. Petro, con la mira en elecciones y constituyente.Los riesgos de un presidente en guerra contra las cortes y la independencia judicial en la recta final de la campaña Foto: ArchivoLink Sara Valentina Quevedo DelgadoPERIODISTA JUDICIAL16.05.2026 22:30 Actualizado: 16.05.2026 22:30 Juan Diego Torres Lasso16.05.2026 22:30 Actualizado: 16.05.2026 22:30 Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. Escuchar 00:0000:001X Comentar La url ha sido copiada en el portapapeles A poderes mayores, mayores controles. A poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos”.Atención: incautan más de 11 toneladas de marihuana en zona rural de Puerto Asís: el cargamento más grande los últimos añosFrases como estas, poco usuales en el lenguaje oficial de las altas cortes en Colombia, son parte de la respuesta que el Consejo de Estado dio esta semana a uno de los más fuertes ataques en su contra en décadas: el del presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros contra la medida cautelar que suspendió en su totalidad el polémico decreto con el que el Gobierno pretendía el traslado exprés de 25 billones de pesos ahorrados en los Fondos Privados por trabajadores que utilizaron la ‘ventana de oportunidad’ de la reforma pensional para pasarse a Colpensiones.Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO; magistrado Iván Lenis, magistrada Natalia Ángel y Contralor. Foto:Mauricio Moreno En su cuenta de X, que tiene más de 8 millones de seguidores, y en varias intervenciones públicas, Petro señaló falsamente a esa Corte de permitir que los banqueros “se roben” la plata de las pensiones y de supuestamente poner en riesgo el pago de las mesadas de al menos 20.000 jubilados. También “ordenó” denuncias contra el magistrado que decidió la medida cautelar, Juan Enrique Bedoya, quien se convirtió, además en blanco de las bodegas de redes sociales afectas al Ejecutivo.“Un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad en anular los derechos de la gente que trabaja. Esa es una decisión inconstitucional y es un golpe de Estado contra el pueblo constituyente y soberano”, dijo. Y añadió que el tribunal supuestamente “acabó con el derecho a la pensión y eso no debe ser permitido por el pueblo trabajador”.Ese fue apenas el inicio de la semana. El miércoles, Petro la emprendió contra la fiscal Luz Adriana Camargo, a quien él mismo ternó para el cargo, y dijo que su nuera había sufrido un aborto supuestamente por la presión del ente investigador, todo en el marco del juicio contra Nicolás Petro, su hijo mayor, por enriquecimiento ilícito y del proceso contra Laura Ojeda, por violación de datos personales. “Acabo de perder a un nieto por la barbarie de una fiscalía política y la codicia de los dueños de la prensa tradicional, enormemente codiciosos”, dijo el Presidente.Petro y su comisionado de Paz, Otty Patiño, criticaron duramente a la Fiscalía por la negativa de la institución a levantar las órdenes de captura de 29 capos del ‘Ejército Gaitanista de Colombia’, incluidos alias Chiquito Malo y otros tres extraditables.El jueves, el Presidente la emprendió contra la Corte Suprema. Dijo, falsamente, que había una “terrible sentencia de amigos del poder terrateniente, que hoy por hoy es un poder mafioso (...) Ya vemos cómo han ayudado a los banqueros a robarse el ahorro del pueblo trabajador y ahora, literalmente, queda en pie el robo del narcotráfico a las tierras de la Nación”.Condenan al Estado y la Policía Nacional por expediente de joven que perdió un ojo en protestas de 2018Pero, contrario a lo afirmado por Petro, nunca hubo tal sentencia. Lo que sí pasó fue que en el debate en el Congreso sobre la jurisdicción agraria, la Corte fijó posición sobre la inconveniencia de que el poder judicial quede relegado, como lo pretende el proyecto, a escenarios excepcionales en los procesos de tierras. La posición de la Corte no pone en duda, como lo señaló el Presidente, la facultad del Estado, a través de la Agencia Nacional de Tierras, en la recuperación y adjudicación de baldíos.Las descalificaciones de Petro contra las cortes y, en general, contra decisiones del Poder Judicial que le han resultado adversas o no son de su aprobación no son nuevas: de hecho, han sido una de las marcas de su gobierno. La tesis del supuesto ‘bloqueo institucional’ al que atribuye la falta de resultados empezó a construirla sobre fallos judiciales de la Corte Constitucional y, sobre todo, del Consejo de Estado que se atravesaron frente a actuaciones oficiales que resultaban contrarias a derecho.Pero esos ataques sí están siendo cada vez más frecuentes, inexactos –cuando no falsos– y virulentos. Todo esto en medio de la recta final de las elecciones presidenciales en las que el Gobierno participa activamente a pesar de que lo prohíbe la ley y en el arranque de una campaña por una supuesta constituyente que, según las pretensiones del mandatario y sus alfiles, terminaría minando la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos establecido por la Constitución de 1991.“Convoco a todas las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes a iniciar la coordinación social que se necesita para iniciar la gran lucha por la tierra y el cumplimiento de la constitución de Colombia. Pueden expresarse ya como poder constituyente al lado de la población colombiana”, dijo Petro en el trino sobre la sentencia que nunca existió.Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, señala que las “conductas reiteradas y abiertamente irresponsables” del Presidente evidencian que “dejó su traje de jefe de Estado”. “Cada semana toma como víctima a una corte distinta, a un órgano judicial diferente, no solamente para criticarlo, sino para calumniarlo, vilipendiarlo, faltarle el respeto, hostigarlo y acosarlo”, asegura.Según Herrera, más allá de los términos inéditos en el tono del Presidente, lo que preocupa es “la forma empecinada, y si se quiere programada, de criminalizar la función judicial”.La magistrada Natalia Ángel, vicepresidenta de la Corte Constitucional, advirtió esta semana que “cuando las instituciones se atacan de forma arbitraria, sin que siquiera haya una prueba”, hay un alto riesgo de que se mine la confianza ciudadana. Y no son solo los ataques contra la Rama Judicial, sino en general contra las instituciones que, en cumplimiento de su función constitucional, han actuado con independencia del Ejecutivo. Hace apenas dos semanas, el blanco principal en la mira de la narrativa oficial era el Banco de la República, y a lo largo de todos estos meses lo ha sido la Registraduría, la entidad encargada de sacar adelante las elecciones en Colombia.Corporación Excelencia a la Justicia acudirá a la CIDH por 'ataques' de Petro contra magistrados Foto:Archiovo ¿Esto significa que el Presidente no puede manifestar su inconformidad frente a las decisiones de la justicia? El presidente de la Corte Suprema, Mauricio Lenis, respondió a esa pregunta esta semana en el foro de EL TIEMPO, el Consejo Nacional Electoral y la Universidad Externado ‘Colombia Unida en Democracia’, destacando que, aunque los fallos deben acatarse sin peros, el disenso respetuoso y por los canales institucionales es parte del juego democrático: “Todos los poderes públicos tienen límites a sus competencias. A veces, algunos pueden ver esos límites como un obstáculo(...) Claro que puede haber crítica. Lo que no se justifica son los ataques y las descalificaciones infundadas”.El magistrado Hugo Quintero, vicepresidente de la Corte, cuestionó por su parte la existencia de “una narrativa oficial que descalifica a priori” la actuación de otras autoridades, puntualmente en el caso de la Registraduría y la insistencia de Petro, sin aportar ninguna prueba, en la existencia de un supuesto riesgo de fraude electoral.Como no ocurría hace meses, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, compuesta por las altas cortes y la Fiscalía, pidió “respeto por la separación de poderes”. “Constituye un deber ineludible de todas las autoridades públicas, especialmente de quienes ejercen las más altas dignidades del Estado”, agregó. Otras organizaciones, como la Corporación Excelencia en la Justicia, incluso solicitaron medidas de protección ante el sistema interamericano para el magistrado del Consejo de Estado. Y los entes de control, Procuraduría y Contraloría, reiteraron su llamado a tramitar el disenso a través de los mecanismos jurídicos establecidos para impugnar una decisión judicial.Colombia extraditó a EE. UU. a alias Chuqui, uno de los principales jefes del ‘Tren Aragua’: está acusado de terrorismo“Todas las autoridades y los particulares tienen la obligación de respetar y acatar las decisiones judiciales y si no se está de acuerdo con ellas se puede interponer los recursos legales”, sostuvo el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre Kenneth Burbano.A pesar de todas esas voces, el Gobierno insiste en que el Consejo de Estado afecta los intereses de los pensionados y amenazó con una nueva batería de decretos y decisiones administrativas para forzar el traslado de la billonaria cifra del ahorro pensional. También agitó el garrote de las superintendencias en contra de Asofondos, el gremio de los fondos de pensiones privados. ¿Pero tiene sustento su posición?El auto, que aplicó temporalmente una suspensión sobre la orden de liquidar y trasladar a Colpensiones en menos de un mes al menos 25 billones de pesos que están invertidos en los mercados, no es una decisión de fondo y no afecta, de ninguna manera, la salvaguarda de esos ahorros, que al final pasarán efectivamente a manos del Estado porque sus cotizantes pasaron de los fondos privados al sistema público. Lo que se frenó fue la intención del Gobierno de forzar el traslado de los ahorros de quienes aún no cumplen la edad de pensión, pues lo ordenado por el Gobierno va en abierta contravía con lo establecido en el artículo 76 de la reforma pensional, que el decreto pretendía reglamentar y que dice que la entrega de esos dineros y sus rendimientos solo procederá cuando efectivamente el afiliado llegue a la edad de jubilación. Ahora, el mismo artículo señala que la plata ahorrada por quienes ya cumplieron la edad (unas 20.000 personas, de 120.000 trasladados) sí debe ir al Estado. Pero no a Colpensiones, sino a un fondo manejado por el Banco de la República que aún no existe, entre otras razones porque la reforma pensional, salvo el artículo 76, no está vigente.Lo que hizo el Consejo de Estado fue señalar que por decreto el Ejecutivo no puede cambiar lo que dice la Ley y, precautelativamente, suspendió un decreto que de entrada desconocía ese mandato. El auto de suspensión no amenaza el pago de pensiones porque, entre otras razones, todas las platas necesarias para cumplir con las jubilaciones ya están aseguradas por la vía del presupuesto aprobado para este año. De allí que el afán del Gobierno por obtener a toda costa acceso a esos billonarios recursos haya encendido alarmas, mucho más en el momento decisivo de las presidenciales.Comunicado de la Comisión de la Rama Judicial Foto:Archivo “No sorprende que Petro pretenda romper el principio de separación de poderes arremetiendo contra las altas cortes, pero sí causa preocupación que su ministro de Justicia no haya sido capaz de expresar con firmeza y contundencia su desacuerdo con una postura que no es solo de Petro, sino del Gobierno al que se sumó a última hora”, le dijo a este diario el abogado constitucionalista Ramiro Bejarano.Los antecedentesLas peleas, unas más duras que otras, de los gobiernos con las altas cortes no son raras en la historia de la democracia colombiana. De hecho, el proceso de la ‘parapolítica’ liderado por la Corte Suprema fue el origen de un agrio enfrentamiento del gobierno de Álvaro Uribe contra la Sala Penal de Corte Suprema. El capítulo de las ‘chuzadas’ del DAS contra magistrados, por las que fueron condenados varios altos funcionarios de esa administración, era considerado, hasta el gobierno Petro, como el de mayor deterioro en las relaciones entre los dos poderes. Uribe también tuvo duros encontronazos con la Suprema y con la Corte Constitucional por fallos sobre el proceso de negociación con las Autodefensas. Pero el acatamiento de los fallos nunca se puso en duda. De hecho, fue una decisión de la Corte Constitucional la que atajó la segunda reelección de Uribe, justo en uno de los momentos de mayor popularidad entre los colombianos.El expresidente de la Corte Suprema Aroldo Quiroz señala que “el Presidente debe ser ejemplo para la ciudadanía en el sentido de respetar y cumplir los fallos judiciales” y resalta que si Petro logró llegar a la Primera Magistratura fue precisamente, por decisiones de la justicia colombiana que protegieron sus derechos frente al fallo de la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó por 15 años cuando era alcalde de Bogotá. Ese fallo lo tumbó el Consejo de Estado, la misma Corte que hoy concentra la artillería política del jefe de Estado.Las extrañas circunstancias que rodean la muerte de un ingeniero en mina de oro de Marmato, Caldas: familia pide respuestas: 'Nadie nos ha dicho nada'“Cuando una decisión le favorece, respalda a las cortes; cuando no, lanza improperios contra ellas (...) El problema surge cuando se pretende gobernar desconociendo los límites institucionales y la separación de poderes que, en este caso, se aproxima a una dictadura”, dice el exprocurador Jaime Bernal Cuellar.Aunque el tono de hoy es mucho más fuerte, los choques del Presidente con las cortes y, en general, con el Poder Judicial, empezaron temprano en su gobierno.Se vieron por primera vez cuando la Fiscalía y los jueces se negaron a reconocer como ‘gestores de paz’ a varios miembros de la ‘primera línea’ condenados por crímenes cometidos durante el estallido social, y se agravaron cuando el entonces fiscal Francisco Barbosa empezó a oponerse a varias de las decisiones de la ‘paz total’ en favor de capos y extraditables. En ese momento, Petro llegó a decir que tanto la Fiscalía como la JEP debían seguir sus orientaciones por su calidad de jefe del Estado colombiano, posición que le valió duros reparos y que finalmente tuvo que rectificar.La elección de la nueva fiscal general, en 2024, dio pie a las inéditas escenas de centenares de manifestantes cercanos al Gobierno cercando el Palacio de Justicia para tratar de forzar a la Corte Suprema a que apurara la elección. El hecho fue aún más grave porque la convocatoria a presionar a los magistrados vino del gobierno de un presidente que fue miembro del M-19, la guerrilla que asaltó el Palacio de Justicia en noviembre de 1985. La fiscal Camargo, elegida por la Corte de la terna enviada por Petro, terminó graduada por el Presidente como supuesta enemiga suya y amiga de sus opositores políticos por las actuaciones de la Fiscalía contra varios de sus allegados, especialmente contra Ricardo Roa y los altos alfiles del Gobierno salpicados por el escándalo de la UNGRD.Para el exfiscal, exministro y exprocurador Alfonso Gómez Méndez, lo que ha ocurrido durante este gobierno es que el Presidente “tiene un concepto equivocado sobre su función constitucional. Cree que no es un presidente, sino una especie de monarca”.Fallo del Consejo de Estado que suspende el decreto de traslado exprés de pensiones Foto:Archivop “Es verdad que es jefe de Estado, de Gobierno y la suprema autoridad administrativa, pero no sustituye a los demás poderes, como cuando dijo que era el jefe del fiscal o cuando cuestiona las decisiones de las cortes porque van en contravía de lo que él piensa”, señaló.Según Gómez Méndez, Petro ha desarrollado “teorías descabelladas” como la del golpe de Estado o la de que “no lo dejan gobernar”. “Para él, no dejarlo gobernar es que funcione la separación de poderes”, dice.Una de las estrategias del Presidente frente a fallos judiciales adversos, como los del Consejo de Estado que han tumbado funcionarios porque no cumplen con los requisitos de ley para llegar al cargo, es el desafío: volver a nombrarlos a través de esguinces jurídicos, como pasó con varios embajadores y con la superindustria, Cielo Rusinque. La otra, implementada desde el polémico paso de Eduardo Montealegre por el Ministerio de Justicia, apuntaría a aprovechar los tiempos normalmente lentos de la justicia para aprovechar momentáneamente la vigencia de medidas abiertamente contrarias a las normas. Se intentó con la frustrada consulta popular de la reforma laboral, se implementó con la emergencia económica sin cumplir requisitos de ley de diciembre pasado –que le permitió al Gobierno recaudar por algunos días impuestos que terminaron declarados inexequibles y se volvió a intentar con el intento del traslado exprés de los ahorros pensionales en contra de la norma y del concepto de entidades como la Contraloría y el mismo Banco de la República.De promesa del fútbol colombiano a preso en La Modelo: la dura historia de Jhon Mario PájaroA menos de tres meses del cambio de gobierno, dicen los analistas como Jairo Libreros, la solidez e independencia de las instituciones colombianas seguro permitirá atajar intentos semejantes. Pero esas mismas voces advierten del riesgo que abre para el país y para la democracia la posibilidad de que las narrativas difundidas desde lo más alto del poder y que hablan de un supuesto complot de Cortes, Congreso, Banco de la República, Organización Electoral y órganos de control en contra de los intereses “del pueblo” terminen poniendo aire en las velas de una constituyente sin consenso nacional.Sara Valentina Quevedo y Juan Diego Torres - Redacción Judicial Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal. Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. 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