Una herencia de dolor para el nuevo gobierno
Mientras la fallida política de ‘paz total’ entra en su recta final sin ningún acuerdo con los grupos con los que se intentó negociar y, sobre todo, sin ningún beneficio para las comunidades azotadas por los violentos, el país no está viendo una realidad que trasciende las cifras: la de decenas de familias que siguen esperando el regreso de sus secuestrados, algunos de ellos en un cautiverio de años.
Esas tragedias, que según las familias nunca fueron prioridad para los funcionarios del gobierno Petro, serán una de las ‘herencias’ que recibirá la administración del presidente electo, Abelardo De la Espriella.
La ofensiva del Eln en la recta final
La escalada violenta que no cesa en el país sigue teniendo en el secuestro una de sus más graves manifestaciones. Esta semana, dos soldados fueron asesinados en la operación de rescate de 45 civiles que cayeron en poder del Eln en un retén ilegal en una vía del Chocó.
Ese crimen forma parte de las acciones con las que esa organización criminal, que en el último cuatrienio consolidó presencia en 184 municipios de 17 departamentos y que tiene 6.877 delincuentes, está ‘despidiendo’ al gobierno saliente, el mismo con el que estuvo sentado a la mesa de la ‘paz total’ por más de dos años.
Secuestro, una cifra que se disparó
Entre enero y mayo de este año, según cifras del Ministerio de Defensa, se contabilizaron 156 víctimas de secuestro en 92 casos. De ellas, 51 fueron rescatadas, 74 recuperaron la libertad y 12 permanecen en cautiverio. Entre estas últimas están dos agentes del CTI de la Fiscalía, a quienes el Eln, en un mal llamado “juicio revolucionario”, condenó a cinco años más de plagio.
El comportamiento histórico refleja un cambio marcado a partir de 2023. Después de varios años de reducción sostenida, el país pasó de registrar 160 secuestros en 2021; 223 en 2022 y 338 en 2023. Aunque en 2024 hubo una leve disminución hasta 317 casos, el 2025 cerró con 701 secuestros, la cifra más alta de la última década y más del doble de los reportes del año inmediatamente anterior.
El clamor de las familias que no se rinden
Ese panorama llevó a la organización ‘Las Voces del Secuestro’ Universal a enviar una carta a De La Espriella para solicitar una reunión con las familias de los uniformados y funcionarios que están secuestrados.
Desde el viernes comenzaron a llegar a Bogotá familiares procedentes de Arauca, Cauca, Huila, Nariño, Cesar, Caquetá y otras regiones del país. Además de participar en la Conmemoración de los Héroes de la Patria y sus Familias, entregarán un Expediente Humanitario que reúne cada uno de los casos documentados.
“La solicitud tiene un carácter exclusivamente humanitario e institucional. No busca intervenir en decisiones operativas. Nuestro propósito es que las familias puedan ser escuchadas directamente por usted, presentar cada caso y conocer la ruta que su gobierno proyecta para proteger la vida de los cautivos y avanzar en su libertad”.
Rostros de una tragedia que no cesa
Detrás de ese crimen hay historias que comenzaron en distintos puntos del país, pero que hoy comparten un mismo denominador: la incertidumbre de sus familias. Entre ellas está la de los ocho civiles que siguen en poder del Eln en López de Micay; la de las dos menores de edad secuestradas en Chocó; y la del soldado Víctor Hugo Yepes García, retenido por integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de alias Iván Mordisco, durante combates registrados el 14 de noviembre en Balboa (Cauca).
La lista continúa con el soldado profesional Yeison Javier García Rodríguez, oriundo de Lorica, y con Brayan Stiven Ruiz Toro, ambos cautivos desde el 24 de agosto de 2025 durante hechos atribuidos a las disidencias de ‘Mordisco’ en una zona rural de Nariño. También figura el patrullero cartagenero Harold Luis Ricardo Martínez, secuestrado en Cauca el 31 de octubre, otro de los casos que permanecen sin una solución pese a las gestiones adelantadas por distintas entidades.
La respuesta institucional: un llamado a la libertad incondicional
La respuesta institucional llegó desde la Defensoría del Pueblo. Su titular, Iris Marín Ortiz, rechazó cualquier intento de condicionar la libertad de los secuestrados. “El secuestro está completamente prohibido por el Derecho Internacional Humanitario. La libertad debería haber sido inmediata e incondicionada”, afirmó. La funcionaria también reiteró el llamado al Eln para liberar de forma inmediata a los funcionarios de la Fiscalía y a todas las personas que permanecen retenidas en Arauca.
La Defensoría también dirigió un mensaje al gobierno nacional sobre el acompañamiento a los familiares. “Hemos solicitado al gobierno una atención directa a las familias. Las familias se han sentido solas: han acudido a nosotros y hemos escuchado su clamor, pero han sentido que no ha habido suficiente acompañamiento de parte del gobierno nacional”, sostuvo Marín Ortiz, al insistir en la necesidad de fortalecer las acciones orientadas a conseguir la libertad de los cautivos y brindar apoyo permanente a quienes siguen esperando.