Un operativo sin precedentes en Medellín ha puesto bajo la lupa 34 alojamientos de renta corta que operaban sin la licencia correspondiente, evidenciando la informalidad que crece en este sector. La Alcaldía intensificó las inspecciones en viviendas y apartamentos alquilados por menos de 30 días, buscando regularizar una actividad que ha transformado el panorama urbano y económico de la ciudad.
Durante los controles, también se generaron 93 informes técnicos que detallan múltiples infracciones urbanísticas, tales como uso de suelo prohibido, modificaciones sin autorización y violaciones al régimen de propiedad horizontal. Estas irregularidades representan un riesgo para la seguridad de los usuarios y afectan la convivencia en los barrios residenciales.
Las zonas con mayor número de casos detectados son Laureles con 21, San Cristóbal con 19, El Poblado con 16 y La Candelaria con 13 alojamientos sancionados. Estos sectores coinciden con los puntos de mayor afluencia de visitantes extranjeros y nómadas digitales, donde la demanda por rentas cortas es alta.
Además de la zona urbana, las autoridades han extendido la vigilancia a corregimientos y sectores de ladera, donde modalidades como glampings, cabañas y fincas turísticas proliferan sin cumplir con las normativas territoriales. La Secretaría de Gestión y Control Territorial lidera estas acciones que buscan ordenar el crecimiento del sector.
El negocio de las rentas cortas en Medellín mueve aproximadamente 76.000 millones de pesos mensuales, lo que ha incentivado a muchos propietarios a migrar del arrendamiento tradicional a plataformas digitales como Airbnb. Sin embargo, la Alcaldía enfatiza en la necesidad de operar dentro del marco legal para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana.
Juan Manuel Velásquez Correa, secretario de Gestión y Control Territorial, afirmó: "Este análisis nos permite entender el comportamiento de la actividad y priorizar las acciones para proteger a los ciudadanos y el orden urbano".