Una política de seguridad continuada
La Cuarta Brigada del Ejército en Medellín ha anunciado que persistirá la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en los 91 municipios que conforman su área de responsabilidad. Esta medida estratégica se mantiene en vigor tras el anuncio de la Resolución No. 001 – 2026 del 23 de febrero de 2026. La resolución, al igual que la suspensión de los permisos, está diseñada para mejorar la seguridad ciudadana a través de la regulación del uso de armas en la jurisdicción de la Cuarta Brigada. Las autoridades consideran que esta medida tiene la capacidad no solo de reducir la violencia armada, sino también de restringir la circulación de armas ilegales.
La continuidad de esta política se implementa para cumplir el Decreto 1482 del 31 de diciembre de 2025, emitido por el Gobierno Nacional. Según la normativa, la suspensión de permisos para armas de fuego es un paso esencial en la promoción de la seguridad pública y la paz en la región. Los 91 municipios incluidos en la área de responsabilidad de la Cuarta Brigada son parte integral de las subregiones del Valle de Aburrá, Oriente, Occidente, Norte y Suroeste antioqueños. Estas zonas, que están firmemente bajo control militar gracias a la presencia de 10 batallones de infantería, ingeniería, artillería e instrucción, un grupo de caballería y dos gaulas militares, se verán beneficiadas de esta estricta medida de seguridad.
Las excepciones a la regla
Es importante notar que la Cuarta Brigada ha proporcionado una claridad vital sobre aquellos que actualmente tienen permisos especiales regionales o nacionales. Estos permisos, que fueron expedidos durante la vigencia del Decreto 1556 del 24 de diciembre de 2024, tuvieron su autorización extendida hasta el 27 de febrero de 2026. A pesar de esta prórroga, cualquier persona que se encuentre portando un arma a partir de esta fecha puede estar sujetas a penalizaciones según la ley.
Como lo establece el coronel Rogel Sánchez Ruiz, Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Cuarta Brigada, 'las personas que actualmente cuentan con permisos especiales de carácter regional o nacional expedidos bajo el amparo del decreto 1556 del 24 de diciembre del 2024, tuvieron prorrogada su autorización únicamente hasta el pasado 27 de febrero del presente año. Vencido este plazo, el incumplimiento de la disposición dará lugar a la incautación y posible decomiso del arma conforme a lo establecido en el decreto ley 2535 de 1993'.
Incremento en los controles y el camino a seguir
Con esta nueva política en vigor, las autoridades también han aclarado qué sucederá con aquellos que infrinjan la norma. Cualquiera que porte un arma, incluso con permiso, puede ser objeto de incautación y posterior decomiso de la misma, además de tener que enfrentar los procesos legales correspondientes a tal incumplimiento. Esta firme postura es una clara señal para aquellos que consideran infringir las regulaciones relacionadas con el porte de armas de fuego.
En línea con el endurecimiento de estas reglas, la Cuarta Brigada también tiene planes para intensificar los controles dentro de su jurisdicción. Según el Coronel Rogel Sánchez Ruiz, 'la Cuarta Brigada reafirma su compromiso con el control territorial, la seguridad y la protección de la población civil'. Por lo tanto, se espera una mayor presencia militar y un enfoque más incisivo en la seguridad de estos municipios.