En menos de dos semanas, según una queja interpuesta ante la Procuraduría, el Ministerio de Defensa recibió cuatro derechos de petición que acumulaban más de 1.300 preguntas. Esta inusual concentración de requerimientos llevó a la entidad a solicitar una actuación preventiva urgente por parte del Ministerio Público.
El centro de este movimiento institucional es una serie de seis cuestionarios formulados por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui. En total, el congresista radicó 1.360 preguntas que exigen información detallada correspondiente al periodo 2022-2026. Las solicitudes no solo están dirigidas a la sede central del Ministerio, sino que cobijan a 18 entidades descentralizadas del Sector Defensa, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.
El peso administrativo de las solicitudes
Para la cartera, procesar este volumen de datos representa un desafío operativo mayúsculo. En el oficio radicado ante el Ministerio Público, el Ministerio argumenta que “en una estimación conservadora de las 1.360 preguntas, el requerimiento supera las 6.000 unidades de información”. Cada uno de estos datos debe ser localizado, verificado, consolidado y revisado por múltiples dependencias.
Además de la cantidad, el nivel de detalle exigido incrementa la complejidad del trámite. Los requerimientos piden anexar elementos específicos como responsables, copias, folios, fechas, versiones, códigos, fuentes y soportes documentales. Este proceso se vuelve aún más delicado porque varias de las respuestas involucran información que se encuentra sometida a reserva, protección o clasificación por estrictas razones de seguridad y defensa nacional.
El Ministerio advierte que este escenario pone a los funcionarios públicos en un dilema complejo. Los servidores encargados de responder quedan expuestos a decidir entre entregar la información de manera acelerada, asumiendo el riesgo inminente de cometer errores, o tomarse el tiempo prudencial para validar los datos rigurosamente, lo que podría acarrearles cuestionamientos o investigaciones disciplinarias por demoras en los tiempos de respuesta.
El llamado a la Procuraduría General
Frente a esta situación técnica y operativa, el Ministerio de Defensa señaló en el documento oficial que esta dinámica “puede derivar (...) en una práctica administrativa objetivamente desproporcionada, susceptible de generar hostigamiento institucional, desgaste deliberado de la administración o presión indebida sobre servidores públicos”.
No obstante, la institución, liderada por el ministro Pedro Sánchez, fue enfática en aclarar que esta revisión solicitada a la Procuraduría no busca vetar el contenido de las preguntas ni limitar el rol de la oposición. El documento oficial subraya textualmente: “Esta solicitud no pretende de forma alguna cuestionar el ejercicio legítimo del control político que corresponde al Congreso de la República”. Según la cartera, el debate no radica en las preguntas per sé, sino estrictamente en “la proporcionalidad objetiva del medio empleado” por el parlamentario.
Con este recurso preventivo, el Ministerio de Defensa busca que el Ministerio Público acompañe todo el proceso de respuesta institucional para dejar constancia formal de las actuaciones adelantadas. Asimismo, pide que el ente de control evalúe si la intensidad, reiteración y sucesión de las peticiones demuestran evidentes “riesgos de utilización desproporcionada de las facultades de control político”.