Desde el 16 de marzo, el paro minero en el Bajo Cauca, incluyendo el municipio de Valdivia y el sur de Córdoba, ha movilizado a miles de trabajadores que exigen condiciones laborales justas. La protesta ha generado un profundo malestar en las comunidades mineras debido a la constante estigmatización que los relaciona con grupos armados ilegales o ciertos sectores políticos.
“No somos criminales, ni financiadores, ni miembros de grupos al margen de la ley”, afirmó la Mesa Minera, vocería oficial del gremio.
Los mineros enfatizan que su economía se sostiene únicamente con el esfuerzo y aporte solidario de sus integrantes, rechazando cualquier financiamiento externo ilegal. Este llamado a la legitimidad se suma al pronunciamiento del Ejército Gaitanista de Colombia, que reconoció el derecho a la protesta y expresó apoyo moral, pero negó cualquier participación logística o armada en la movilización.
El Bloque Roberto Vargas Gutiérrez del Ejército Gaitanista de Colombia pidió a la sociedad entender el paro como una iniciativa civil y exigió al Gobierno Nacional cumplir sus compromisos para evitar la infiltración de “fuerzas oscuras” que busquen desestabilizar la protesta.
Un operativo sin precedentes y la respuesta de las autoridades
Durante los primeros tres días de paro, la Mesa Minera reportó una participación masiva y organizada, con respeto total al corredor humanitario para emergencias y un impulso en el flujo comercial local gracias a las compras de los manifestantes. Sin embargo, la indignación creció tras la destrucción de maquinaria en el sector de Jardín, Cáceres, ejecutada por el Ministerio de Defensa sin coordinación previa con las entidades mineras.
La política de “destruir primero y averiguar después” vulnera el debido proceso y afecta a quienes están en camino hacia la formalización, denunciaron los líderes mineros.
Este conflicto expone una aparente desarticulación entre el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública, lo que ha generado rechazo en el gremio y la comunidad, que exigen soluciones y respeto a sus derechos laborales y económicos.