Antes del cierre del mandato del presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Justicia destacó como uno de sus principales legados en materia penitenciaria la puesta en marcha del CONPES 4157 de 2025, una política pública para transformar el sistema carcelario y penitenciario del país, respaldada con una inversión estimada de $4,4 billones y una hoja de ruta de implementación hasta 2033.
Los 306 hallazgos de Contraloría, hacinamiento del 27 % y déficit de 12.000 guardianes: la ‘papa caliente’ que Inpec deja al gobierno De La Espriella
El indicador más citado por el propio Inpec en su informe es el del hacinamiento carcelario, y no es una buena noticia. En febrero de 2022, cuando arrancó el gobierno saliente, el índice de hacinamiento se ubicaba en 19,9 %. Al cierre de marzo de 2026 llegó a 27,1%. Además, hay 306 hallazgos de Contraloría y un déficit de 12.000 guardianes.
El Inpec destaca en su informe la aprobación, en 2025, del Conpes 4157, la 'Política para la Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia', presentada como la hoja de ruta central para enfrentar el Estado de Cosas Inconstitucional que rige el sistema carcelario colombiano desde hace años.
Esa política contempla acciones que van desde mejorar bienes y servicios para una vida digna en reclusión hasta fortalecer la infraestructura carcelaria y las condiciones laborales del personal del Inpec. Según la propia entidad, el estado de avance de esas acciones es del 20%. Según el Ministerio de Justicia, esta iniciativa busca responder a una crisis que la Corte Constitucional ha mantenido bajo seguimiento durante cerca de tres décadas por las condiciones del sistema penitenciario.
De acuerdo con el Gobierno, el CONPES contempla 122 acciones, la articulación de 25 entidades del Estado y medidas orientadas a fortalecer las capacidades del INPEC, ampliar y mejorar la infraestructura carcelaria, reforzar la seguridad en los establecimientos, combatir la corrupción y el multicrimen, modernizar la tecnología y mejorar la atención en salud, educación y trabajo para las personas privadas de la libertad. Además, incorpora estrategias de acompañamiento para quienes recuperan la libertad, con el objetivo de facilitar su reinserción social y reducir la reincidencia.
El Ejecutivo sostuvo que esta política plantea un cambio de enfoque frente a la crisis penitenciaria, al señalar que el problema no se resuelve únicamente con la construcción de nuevas cárceles o el aumento de cupos, sino también mediante el fortalecimiento de los procesos de resocialización. En ese sentido, indicó que cada año cerca de 45.000 personas recuperan la libertad en Colombia, por lo que considera necesario implementar mecanismos que reduzcan el riesgo de que vuelvan a delinquir.
Como complemento a esta estrategia, el Gobierno resaltó la Ley de Utilidad Pública, una reforma impulsada por el Ministerio de Justicia que permite a mujeres cabeza de hogar condenadas por delitos de menor gravedad cometidos en condiciones de marginalidad cumplir sanciones mediante actividades de utilidad pública, sin ser separadas de sus hijos o personas a cargo. Según las cifras oficiales, más de 274 mujeres han accedido a este mecanismo y más de 800 integrantes de sus familias se han beneficiado.