La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe que detalla el deterioro de la seguridad de los líderes sociales en Colombia durante el trimestre de campaña para las elecciones presidenciales de 2026. Entre el 27 de marzo y el 1 de junio, se recibieron 33 denuncias de asesinatos, lo que representa un incremento del 37,5% en comparación con periodos anteriores. El organismo atribuye esta situación a las dificultades para implementar el Acuerdo Final de Paz y a la presencia de grupos armados en amplias zonas del país.
Las víctimas y los patrones de violencia
Entre las víctimas se cuentan siete mujeres, tres personas indígenas, cuatro afrodescendientes y cuatro líderes campesinos. El informe, presentado por el representante de la misión en Colombia, Miroslav Jenca, señala que la violencia afectó especialmente a autoridades étnicas, líderes involucrados en cuestiones relacionadas con la tierra, mujeres lideresas y miembros de juntas de acción comunal en varios departamentos.
Los actos de violencia denunciados contra líderes sociales siguieron afectando a autoridades étnicas, líderes involucrados en cuestiones relacionadas con la tierra, mujeres lideresas y miembros de las juntas de acción comunal en varios departamentos.
El foco en la defensa de la tierra y el territorio
La ONU señala que la defensa de la tierra y el territorio sigue siendo uno de los principales focos de riesgo. Quienes impulsan estos procesos enfrentan amenazas adicionales, particularmente en el Magdalena Medio y la región Caribe, donde antiguos propietarios vinculados a actividades ilegales han ejercido represalias. Además, la Oficina documentó hechos de violencia política durante la etapa preelectoral, incluido el asesinato de un coordinador local en Cubarral (Meta).
Un conflicto fragmentado y su impacto humanitario
Para Naciones Unidas, estos hechos responden a una dinámica más amplia del conflicto armado. 'La situación de la seguridad en Colombia siguió reflejando la dinámica cada vez más fragmentada del conflicto', donde grupos armados compiten por el control territorial y las economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería, en zonas con poca presencia del Estado. El informe también destaca que, durante el mismo periodo, 5.272 personas fueron desplazadas y 9.553 permanecieron confinadas en 26 emergencias humanitarias, con Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander como los departamentos más afectados.
La situación de los excombatientes y los avances institucionales
El informe revisa la situación de los excombatientes firmantes del Acuerdo de 2016. Desde la firma del pacto han sido asesinados 493 excombatientes, aunque en lo corrido de 2026 se han registrado cinco homicidios, una reducción frente a años anteriores. No obstante, persisten amenazas, extorsiones y desplazamientos forzados. Naciones Unidas destacó que la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía ha emitido 1.552 órdenes de captura, realizado 627 detenciones y obtenido 109 condenas por ataques contra excombatientes.
El llamado a una transición ordenada y la paz duradera
Naciones Unidas sostiene que la violencia contra líderes sociales, población civil y excombatientes sigue ligada a la disputa entre grupos armados por el control territorial y de economías ilícitas. El organismo expresó su disposición a seguir acompañando a Colombia y afirmó que 'una transición fluida y cooperativa entre los Gobiernos contribuiría a preservar los avances' del Acuerdo Final de Paz. Tras una campaña polarizada, la ONU advirtió que 'una paz duradera exigirá que las colombianas y los colombianos trabajen juntos'.