A principios de este año, la Corte Suprema de Panamá anuló las concesiones que CK Hutchison, un conglomerado con sede en Hong Kong, tenía sobre las dos instalaciones portuarias situadas a ambos lados del canal de Panamá, en el Atlántico y el Pacífico. La sentencia tuvo enormes repercusiones, ya que expulsó de facto a un operador vinculado al Partido Comunista Chino de una infraestructura marítima clave, en un momento en que Washington y Pekín se encuentran inmersos en la competencia estratégica más trascendental desde la Guerra Fría.
El fallo también puso de manifiesto una debilidad crítica de Panamá: la falta de una doctrina sobre cómo gestionar el canal y las maniobras políticas de las grandes potencias que este atrae. Durante décadas, la política exterior panameña se ha basado en gran medida en la improvisación, y ahora, ante las presiones ejercidas por China y Estados Unidos, esto se ha convertido en un grave problema.