Decretos 019 y 020 modifican esquema de seguridad sin consenso
El Partido Comunes, surgido del Acuerdo de Paz de 2016, manifestó su preocupación ante la ONU por los decretos 019 y 020 de 2026, que establecen cambios en la estructura y personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según la colectividad, estas modificaciones desmantelan la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, absorbiéndola dentro de una estructura general que no respeta el diseño institucional original acordado en 2017.
Medidas debilitan garantías pactadas y generan incertidumbre
El partido señaló que las reformas al esquema de seguridad se hicieron "sin concertación, sin verificación y en abierto desconocimiento de los compromisos adquiridos". Aseguran que estas decisiones vulneran el principio de confianza legítima y ponen en duda la voluntad real del Estado para cumplir con lo acordado en el proceso de paz.
"La derogatoria y sustitución normativa de los instrumentos que desarrollan el Acuerdo Final, aun cuando reproduzcan formalmente contenidos anteriores, constituye un acto de implementación que no puede realizarse al margen de los mecanismos de verificación acordados", advirtió el Partido Comunes.
Contraloría evidencia incumplimientos en entrega de recursos por parte de exFarc
En paralelo, un informe reciente de la Contraloría reveló que las antiguas Farc solo han entregado el 17 % del dinero prometido para la reparación de víctimas, con $2.100 millones entregados de un total reportado de $12.070 millones. A pesar de esto, el Comité de Seguimiento del Acuerdo aseguró que el ciclo de entrega de bienes ya terminó.
"Las extintas Farc-Ep cumplimos nuestra palabra y seguimos luchando por la implementación integral del Acuerdo de Paz", afirmó Rodrigo Londoño, exlíder máximo de las Farc.
¿Cómo afectarán estos cambios el cumplimiento del Acuerdo de Paz?
La controversia alrededor de los decretos 019 y 020 y los incumplimientos en la entrega de recursos plantean un panorama complejo para la implementación del Acuerdo de Paz. La comunidad internacional y las partes involucradas deberán evaluar cómo estos hechos impactan la confianza y la seguridad de los excombatientes y víctimas.