El periodismo colombiano vuelve a estar de luto. El pasado 6 de junio, en Cúcuta, fue asesinado a sangre fría el periodista Cristian Herrera, uno de los comunicadores más reconocidos de la región, quien había trasegado buena parte de su carrera en los diarios La Opinión y Q’Hubo. Para el momento de su muerte, se desempeñaba como asesor de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad de Cúcuta y era, a la par, uno de los profesionales más perseguidos de la ciudad.
Un historial de violencia sistemática
Según documentó la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), se tiene registro de al menos 17 ataques directos contra Cristian Herrera desde 2014. Entre ellos se encuentra el exilio al que fue obligado en 2004 por amenazas relacionadas con su trabajo periodístico, y una tentativa de homicidio en 2017. La Flip denunció que, desde 2024, se han registrado 154 agresiones contra periodistas en Cúcuta, lo que la convierte en la ciudad más peligrosa para ejercer el periodismo en el país.
Las fallas en el esquema de protección
La Unidad Nacional de Protección (UNP) confirmó que Herrera era beneficiario de un programa de seguridad desde 2014 y que contaba con dos escoltas y una camioneta. Sin embargo, en el momento del ataque, la víctima se movilizaba en el vehículo adscrito a la institución pero sin los escoltas. La UNP aseguró que la ausencia del esquema obedeció a una solicitud expresa y voluntaria del protegido, y que avanza en la recopilación de información para esclarecer los hechos.
Ejercer el periodismo en Cúcuta es una labor de alto riesgo. En 2024, la FLIP denunció que fue la ciudad más peligrosa para ejercer el periodismo.
Exigencias de la Flip a las autoridades
La Flip le exigió a las autoridades adelantar investigaciones serias, prontas y rigurosas, que identifiquen y sancionen tanto a los autores materiales como a los intelectuales del crimen. Además, pidió que se investigue bajo la hipótesis prioritaria de que el asesinato está relacionado con la labor periodística de Herrera, y que se tenga en cuenta el componente diferencial, pues el homicidio de un periodista es agravado.
La organización también le solicitó a la UNP que explique las fallas que permitieron que el homicidio ocurriera y que revise de manera prioritaria la eficiencia de las medidas de protección para periodistas en contextos como el de Cúcuta y Norte de Santander. Asimismo, reiteró a la Gobernación y a la Alcaldía la necesidad de adoptar medidas de prevención de agresiones contra periodistas en el departamento.