Juliana Guerrero, quien estuvo vinculada al gobierno del presidente Gustavo Petro como jefa del despacho del Ministerio del Interior y aspiró al viceministerio de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, ha estado en el centro de una polémica debido a supuestas irregularidades en sus títulos universitarios, denunciadas por la congresista Jennifer Pedraza.
Estas denuncias provocaron que Guerrero no asumiera el cargo de viceministra y que saliera del Gobierno, aunque mantiene su representación como delegada del Gobierno Nacional en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC).
Un operativo sin precedentes
Pese a no ser funcionaria activa, se reveló que Juliana Guerrero podría contar con un esquema de seguridad, lo que generó cuestionamientos en el ámbito público y político. Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), se pronunció en una entrevista con la emisora La FM para explicar los motivos y detalles de esta protección.
Augusto Rodríguez afirmó que la asignación de esquemas de seguridad se realiza bajo criterios técnicos y de riesgo, independientemente del cargo oficial que la persona ostente, pero sin profundizar en detalles específicos sobre casos individuales.
La polémica ha encendido el debate sobre la transparencia en la asignación de medidas de protección a personas relacionadas con el Gobierno, especialmente en casos donde no se ejerce un cargo público activo.