Un operativo sin precedentes en la UNGRD
La Procuraduría General de la Nación ha llamado a juicio disciplinario a dos altos exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por presuntas irregularidades en un contrato entregado en 2023 al pastor y actual embajador en Brasil, Alfredo Saade. La investigación se originó luego de denuncias sobre la validez de los informes presentados por Saade para justificar sus pagos.
Detalles del proceso disciplinario
Los exfuncionarios involucrados son Víctor Andrés Meza, exsubdirector general de la UNGRD, y Ana María Castaño, exsecretaria general. Según el pliego de cargos firmado por la procuradora Ángela Patricia Arroyo, ambos habrían omitido las precauciones necesarias para revisar la contratación y validar la experiencia laboral presentada por Saade, quien recibió un contrato por 257 millones de pesos para un año de servicios.
- Ana María Castaño certificó como válida una declaración juramentada que no cumple con los requisitos legales para acreditar experiencia laboral.
- Víctor Andrés Meza no verificó la elaboración directa de los informes y la participación de Saade en visitas y comités programados por la UNGRD.
- Solo uno de los 28 documentos revisados llevaba la intervención directa de Saade, y se detectaron informes repetidos en diferentes meses.
El impacto en la comunidad y el contexto político
Alfredo Saade, aliado religioso del presidente Gustavo Petro, tuvo una trayectoria marcada por controversias, incluyendo su paso fugaz en la Casa de Nariño y su posterior nombramiento como embajador en Brasil. En 2023, participó en la UNGRD con un contrato que buscaba fortalecer labores jurídicas y sociales, especialmente en comunidades vulnerables como La Guajira.
“El trabajo en La Guajira es muy de ir a las comunidades dispersas a hablar, es un trabajo muy social, creo que el pastor cumplía con esas características, de ser una persona muy social y lo consideré como una persona clave para esa labor”, afirmó Olmedo López, exdirector de la UNGRD y confeso corrupto.
La Procuraduría considera que las actuaciones de Castaño y Meza vulneraron el Código General Disciplinario, y ambos deberán responder por faltas gravísimas relacionadas con la responsabilidad, eficacia y economía en la administración pública. El contrato con Saade fue liquidado anticipadamente en octubre de 2023 por solicitud del propio pastor.
Próximos pasos en la investigación
Aunque la Procuraduría ha avanzado en la apertura del juicio disciplinario contra los exfuncionarios, aún no se ha confirmado si Alfredo Saade está siendo investigado directamente por estos hechos. La entidad continúa evaluando las pruebas para determinar responsabilidades en este caso que evidencia posibles irregularidades en la gestión pública.