La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria a cinco funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV) por presuntas irregularidades en la ejecución de dos contratos firmados en 2022. Estos contratos tenían como fin prestar servicios de atención al ciudadano y a las víctimas del conflicto armado, función principal de la entidad.
El ente de control, liderado por Gregorio Eljach, busca esclarecer el destino de los recursos girados, que al parecer no cuentan con la justificación adecuada. Se ordenó la recolección de pruebas para determinar detalles específicos sobre las posibles faltas cometidas por los funcionarios involucrados.
Funcionarios bajo investigación
- Guillermo Martínez Daza, exsecretario general.
- Jaime Humberto Jiménez Vergel, coordinador del Grupo de Servicio al Ciudadano.
- Enrique Ardila Franco, director técnico de reparación.
- Héctor Gabriel Camelo Ramírez, director técnico de gestión social.
- Luis José Azcárate García, director técnico de gestión humanitaria.
Según la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, los contratistas vinculados a estos contratos no habrían cumplido con sus obligaciones, y los pagos realizados no estarían debidamente sustentados. Esta situación genera dudas sobre la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos destinados a la atención de víctimas.
Las entidades públicas pueden contratar personas naturales y jurídicas para prestar servicios, pero estos procesos deben garantizar la transparencia y el cumplimiento de sus objetivos.
El proceso de investigación continúa en marcha para determinar las responsabilidades disciplinarias correspondientes y fortalecer la vigilancia sobre la ejecución contractual en entidades públicas.