Una investigación que sacude al sistema penitenciario
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra dos exdirectores generales de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), la entidad que maneja los recursos del sistema penitenciario. La pesquisa se centra en presuntas irregularidades en la contratación relacionada con la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres de Bogotá, conocida como El Buen Pastor.
Los señalados y sus cargos
La decisión cobija a Ludwing Joel Valero Sáenz (2022-2025), quien se desempeñó como director operativo de Gestión Contractual y posteriormente como director general de la Uspec, y a Carmen Cecilia Simijaca Agudelo (2025), quien ocupó los cargos de jefe de la Oficina Asesora de Planeación y, en calidad de encargada, directora operativa de Gestión Contractual y directora general de la entidad.
Las fallas que se investigan
De acuerdo con la Procuraduría, las pruebas recopiladas hasta el momento evidencian presuntas deficiencias en la prestación de servicios esenciales dentro del centro penitenciario, especialmente en las áreas de alimentación, atención en salud e infraestructura, aspectos que serán objeto de la investigación disciplinaria.
El alcance de la pesquisa
Como parte de las actuaciones, el Ministerio Público revisará los contratos suscritos para garantizar estos servicios, así como los informes de supervisión e interventoría elaborados durante su ejecución. El propósito es establecer si existieron fallas en los mecanismos de control, seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales. Además, el ente de control anunció que analizará la ejecución presupuestal específica de la cárcel El Buen Pastor, con especial atención a los recursos del Fondo de Atención en Salud de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) correspondientes a la vigencia 2024.
El objetivo de la investigación
Con esta actuación disciplinaria, la Procuraduría pretende establecer si los exfuncionarios incurrieron en posibles faltas relacionadas con la gestión de los contratos y el manejo de los recursos destinados a garantizar condiciones adecuadas para las mujeres privadas de la libertad recluidas en este establecimiento penitenciario.