La intervención estatal sobre Air-e entró en una nueva etapa de escrutinio. Luego de más de un año y medio desde que la empresa pasó a administración de la Superintendencia de Servicios Públicos, la Procuraduría General de la Nación advirtió que aún no identifica señales estructurales que permitan garantizar la sostenibilidad operativa y financiera de la compañía encargada del servicio eléctrico en Atlántico, Magdalena y parte de La Guajira.
El pronunciamiento del Ministerio Público se convierte en uno de los cuestionamientos institucionales más fuertes hechos hasta ahora al proceso que buscaba estabilizar una de las empresas más sensibles para el sistema energético del Caribe colombiano.
Un requerimiento formal sin precedentes
En un requerimiento formal dirigido a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la actual agente interventora, Tania Patricia Peñaranda Zuleta, el organismo pidió explicaciones detalladas sobre los resultados alcanzados durante la administración estatal y reclamó información que permita medir si realmente existe una ruta de recuperación.
La Procuraduría pidió cuentas sobre resultados de Air-e tras 19 meses de intervención estatal.