Un escuadrón élite para el transporte público: la propuesta que reaviva el debate
La seguridad en TransMilenio y en el futuro Metro de Bogotá volvió a ocupar un lugar central en el debate público tras la propuesta del concejal Juan David Quintero de crear el Escuadrón Urbano de Autoridad, Convivencia y Justicia en el Transporte Público (EMAC). Este cuerpo especializado reuniría a la Policía Nacional, la Policía Judicial, el CTI de la Fiscalía, inspectores de Policía y autoridades distritales para atender delitos y hechos de violencia dentro del sistema. Aunque la iniciativa está dirigida al presidente electo, Abelardo de la Espriella, el planteamiento abrió una discusión más amplia sobre cuál es el modelo de seguridad que requiere el transporte masivo de la capital.
La propuesta contempla la conformación de un grupo permanente con capacidad para intervenir frente a hurtos, agresiones, vandalismo, daños a la infraestructura, bloqueos violentos y evasión del pago del pasaje. Según explicó el cabildante, el objetivo es que el modelo comience a operar en Bogotá y, posteriormente, pueda replicarse en otros sistemas de transporte masivo del país, especialmente ante la entrada en funcionamiento de la primera línea del Metro.
Más allá del pie de fuerza: la evidencia criminológica como brújula
Sin embargo, más allá de la iniciativa, especialistas consideran que la discusión debe centrarse en las condiciones que realmente permiten reducir la criminalidad en este tipo de escenarios. Para Marcela Parra, directora de Investigación Criminal de la Universidad Manuela Beltrán, estas estrategias deben analizarse desde una perspectiva técnica y sustentada en la evidencia, más que en el simple incremento del pie de fuerza.
La experta explica que los sistemas de transporte masivo concentran diariamente grandes volúmenes de usuarios y generan escenarios propicios para delitos de oportunidad, como el hurto, las lesiones personales y el vandalismo. No obstante, advierte que muchos de estos hechos también responden a dinámicas de reincidencia y a patrones delictivos que pueden identificarse mediante herramientas de investigación criminal.
La evidencia criminológica demuestra que una unidad especializada puede ser efectiva siempre que combine inteligencia criminal, análisis de los patrones delictivos, investigación judicial y una articulación permanente entre la Policía, la Fiscalía y las demás autoridades competentes.
En su concepto, el verdadero desafío consiste en establecer si una estrategia de este tipo responde a un diagnóstico criminológico del fenómeno y no únicamente a la necesidad de aumentar la presencia de uniformados.
Prevención y tecnología: las herramientas para anticiparse al delito
La directora de Investigación Criminal considera que la respuesta institucional tampoco debería limitarse a actuar cuando el delito ya ocurrió. A su juicio, uno de los principales retos es anticiparse a los hechos mediante la identificación de puntos críticos, el monitoreo permanente y el uso de herramientas tecnológicas, como sistemas inteligentes de videovigilancia, georreferenciación y análisis predictivo, que permitan orientar las acciones de prevención.
También sostiene que el éxito de una estrategia de seguridad no debería medirse exclusivamente por el número de capturas. En cambio, afirma que los indicadores realmente relevantes son la reducción de la reincidencia, el aumento en el esclarecimiento de los casos, la judicialización efectiva de los responsables y una mejora sostenida en la percepción de seguridad de los ciudadanos.
Cifras que respaldan la urgencia de un modelo especializado
La propuesta del concejal Juan David Quintero plantea que el EMAC reúna a la Policía Nacional, la Policía Judicial, el CTI de la Fiscalía, inspectores de Policía y autoridades distritales para responder de manera inmediata a los delitos y hechos de violencia que afectan la operación del sistema. El modelo también busca fortalecer la recolección de pruebas, facilitar la judicialización de los responsables y brindar un mayor respaldo a los equipos de seguridad que actualmente operan en TransMilenio.
Como parte de los argumentos que sustentan la iniciativa, el cabildante aseguró que durante el último año se registraron 8.260 hurtos en TransMilenio y que los robos aumentaron un 45 por ciento. Además, señaló que más de 230 guardas de seguridad han sido agredidos durante 2026, principalmente cuando realizan controles para impedir la evasión del pago del pasaje. Para Quintero, estos hechos evidencian la necesidad de contar con un modelo permanente y especializado de seguridad antes de la entrada en operación del Metro de Bogotá.
El reto de fondo: una estrategia integral para la confianza ciudadana
El debate deja sobre la mesa un reto que expertos y autoridades vienen planteando desde hace varios años: fortalecer la seguridad del transporte público exige una estrategia integral que combine prevención, investigación criminal, judicialización efectiva y coordinación entre las instituciones. Solo así, concluye Parra, será posible reducir las oportunidades para la comisión de delitos y generar mayor confianza entre los millones de personas que utilizan diariamente los sistemas de transporte masivo de la capital.