En junio, una solicitud de intervención llegó a los despachos del vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir, de la secretaria general Elvira de las Mercedes Sanabria y de la directora de Talento Humano, Eliana Paola Salguero Beltrán. El documento, firmado por tres sindicatos del Ministerio de Relaciones Exteriores (SEMREX, UNIDIPLO y SICAMRE), expresa 'profunda preocupación por las reiteradas situaciones relacionadas con presuntos hechos de acoso laboral, conflictos interpersonales y deterioro del ambiente de trabajo' en la Dirección de Cooperación Internacional, a cargo de Laura Patricia García Mejía.
Las denuncias de los sindicatos
Según las organizaciones sindicales, desde octubre de 2025 han recibido solicitudes de acompañamiento de funcionarios que se sienten afectados por tensiones permanentes. Estas situaciones habrían llevado al traslado de seis funcionarios de carrera diplomática, dos de carrera administrativa y a la no renovación de contrato de diez prestadores de servicios con años de experiencia en la entidad.
- Seis funcionarios de carrera diplomática fueron trasladados a otras dependencias.
- Dos funcionarios de carrera administrativa también fueron movilizados.
- Diez contratistas con experiencia no vieron renovados sus contratos.
- La dirección no contaría con funcionarios de carrera, lo que implica una desinstitucionalización del servicio.
A la fecha, la Dirección de Cooperación Internacional no cuenta entre sus servidores con funcionarios de ninguno de los dos regímenes de carrera, lo que implica una desinstitucionalización del servicio y una no-observancia del mérito como principio rector de la función pública.
La versión de Laura Patricia García
En diálogo con este diario, García rechazó las acusaciones y aseguró que es víctima de una campaña de desprestigio originada por sus decisiones como supervisora de contratos. Explicó que el 24 de abril devolvió cuatro informes de actividades de contratistas por presentar deficiencias, algunos por montos cercanos a los 18 millones de pesos, antes de autorizar los pagos.
Lo que existe es una coacción a la supervisión, presión indebida de estas personas frente a esas observaciones y solicitudes de ajustes, obligación legal que me corresponde de exigir, frente a la preservación de los recursos de los contribuyentes. Esto no es persecución ni acoso laboral dado que es el ejercicio normal y necesario de la supervisión contractual que la ley me impone.
La funcionaria, quien fue designada en septiembre de 2025, negó haber retenido salarios y aclaró que las personas involucradas eran contratistas, no funcionarios de planta, por lo que se trataba de productos contractuales y no de una relación laboral. Además, aseguró que el Comité de Convivencia Laboral intentó una conciliación, pero los contratistas no aceptaron participar.
Polémica por publicación de hoja de vida para alto cargo
En medio de la controversia, el 30 de julio se publicó la hoja de vida de García en la página de aspirantes de la Presidencia para el cargo de asesor grado 16, el más alto en esa categoría dentro del Ministerio. Los sindicatos sugieren que este movimiento busca asegurar su permanencia antes del cambio de gobierno y eventualmente alegar un fuero de prepensión.
García reconoció que solicitó el traslado con la única motivación de completar su vida laboral y negó irregularidades: 'Tengo derecho a terminar mi vida laboral. No tengo ninguna demanda, no me pueden acusar de ningún delito, tengo una hoja de vida y tengo cómo soportar mi conocimiento en gestión pública y cooperación internacional. Pedí ese favor porque necesito seguir contribuyendo a mi pensión y salud'.
La directora anunció que interpondrá una demanda por daños reputacionales, argumentando que lleva 36 años en el sector público sin antecedentes de escándalos. El caso queda ahora en manos de las instancias internas de la Cancillería, mientras los sindicatos insisten en la necesidad de una intervención para restablecer el clima laboral.