En el último año, el suroccidente colombiano ha experimentado una escalada alarmante de violencia dirigida a los ingenios azucareros, especialmente en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. Según reportes, se han registrado 1.041 hechos de inseguridad que incluyen ataques armados, secuestros, incendios de maquinaria y asesinatos de trabajadores rurales.
La ofensiva comenzó el 24 de abril con ataques a batallones militares en Cali y Palmira, que luego se extendieron hacia la población civil en la vía Panamericana, en Cajibío, causando la muerte de 21 civiles en uno de los episodios más violentos del país. Posteriormente, la violencia se dirigió a sectores agroindustriales, afectando gravemente a la industria de la caña de azúcar.
Los recientes ataques en Corinto y Caloto, en el norte caucano, protagonizados presuntamente por disidentes de las Farc, dejaron un trabajador de seguridad muerto, otro herido y tres más secuestrados, quienes fueron liberados tras la intervención del Ejército. Además, se incendiaron vehículos y maquinaria agrícola, afectando la operatividad de los ingenios.
“La vida de quienes día a día habitan, trabajan y defienden el campo, así como la de los líderes sociales que lo protegen y representan, debe ser respetada y protegida. Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública para garantizar la seguridad en el campo y promover el bienestar de sus comunidades.”
La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) y otros gremios del sector han denunciado la magnitud de la inseguridad, que en 2025 dejó seis trabajadores asesinados y más de diez heridos. Este fenómeno afecta a 51 municipios del valle geográfico del río Cauca, interrumpiendo las cadenas productivas y la vida cotidiana de las comunidades rurales.
Fuentes de inteligencia indican que los disidentes de las Farc, en alianza con bandas delincuenciales, operan en corredores estratégicos de la región, manteniendo la violencia en zonas de vocación cañera y en haciendas ocupadas desde hace años. La situación ha generado una crisis humanitaria y productiva que demanda respuestas inmediatas.
Los gremios han reiterado sus llamados al gobierno del presidente Gustavo Petro, solicitando un plan maestro de seguridad que integre recursos y capacidades para fortalecer la Fuerza Pública y garantizar la protección de los trabajadores rurales. Asimismo, se destaca la necesidad de justicia para combatir la impunidad que alimenta la violencia.
“Estamos hartos de esta violencia que cada vez escala más. Colombia no puede dar vía libre a los criminales; este es un llamado a toda la sociedad civil para unirnos en rechazo a estos actos criminales y proteger a quienes hacen posible la despensa del país.”
La situación ha generado zozobra entre los trabajadores del campo, quienes temen por su seguridad y la de sus familias. Las autoridades y la Fuerza Pública han manifestado su compromiso para defender a la sociedad, pero la complejidad del conflicto requiere acciones articuladas entre gobierno, sector privado y comunidades para restablecer la tranquilidad.
Este panorama pone en evidencia la urgencia de fortalecer la seguridad en una región productiva clave para Colombia, donde el impacto de la violencia trasciende lo local y afecta la economía y la estabilidad regional.