Han pasado casi siete años desde que el entonces capitán del Esmad, Manuel Cubillos, disparó su arma lanzagases contra la cabeza del joven Dilan Cruz, de 18 años, durante una protesta en Bogotá. A pesar del tiempo transcurrido, la Fiscalía aún no ha formulado imputación en su contra, aunque avanza en la recolección de pruebas. En paralelo, la Procuraduría declaró la nulidad del proceso disciplinario que ya había sancionado a Cubillos, por lo que el caso volvió a cero en esa instancia.
Condena al Estado por falla en el servicio
El 10 de julio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó una condena contra el Estado, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional por la muerte de Dilan Cruz. El fallo señala que la Policía clasificó indebidamente el arma como de 'letalidad reducida' y no informó a sus uniformados sobre su potencial letal. La sentencia, de carácter administrativo, no juzga responsabilidades individuales sino institucionales.
La honorable Corte Constitucional ha explicado que el uso de la fuerza por la Policía Nacional solo podrá desarrollarse de forma excepcional, cuando sea estrictamente necesario e imperioso y de modo rigurosamente proporcional.
El proceso penal: una investigación que se alarga
La Fiscalía mantiene el caso en etapa de investigación desde hace casi siete años. Según fuentes cercanas al proceso, el ente investigador reúne material probatorio para determinar si Cubillos actuó con dolo (intención) o de forma culposa (sin intención). Un elemento clave es el informe del centro forense Forensic Architecture, con sede en Londres, que sugiere que Cubillos siguió con la mira a Cruz durante los cinco segundos previos al disparo. La pieza fue presentada en 2023 y, de ser aceptada, podría acelerar una imputación.
Procuraduría: de una multa leve a la nulidad total
En noviembre de 2024, la Procuraduría sancionó a Cubillos con una multa de 14 millones de pesos por la muerte de Dilan Cruz, una de las sanciones más leves del Código Disciplinario. Sin embargo, en mayo pasado, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento declaró la nulidad del proceso por una 'grave vulneración de derechos humanos', por lo que el expolicía será investigado de nuevo desde cero.
Los argumentos de la Policía y la respuesta del Tribunal
La Policía Nacional apeló la condena administrativa alegando que las manifestaciones se tornaron violentas y que los uniformados debían intervenir para restablecer el orden público. Según la institución, los manifestantes lanzaban granadas de gas y agredían a los agentes. No obstante, el Tribunal concluyó que no existía un escenario de violencia que justificara el uso de fuerza letal.
En un Estado Social de Derecho, donde prevalecen los derechos fundamentales a la vida y a la protesta, la mera resistencia frente a la actuación de la fuerza pública no puede constituir justificación válida para atentar contra la vida de los ciudadanos.