Ricardo Roa, quien estuvo al frente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y hasta hace poco presidió Ecopetrol, se presentó este jueves en el búnker de la Fiscalía con un objetivo claro: negociar su situación jurídica. Según fuentes del caso, el directivo busca firmar un preacuerdo o un principio de oportunidad que le permita evitar una eventual condena por el delito de violación de topes electorales.
Los señalamientos en su contra
La Fiscalía Anticorrupción imputó a Roa por supuestamente omitir el reporte de facturas y superar los topes de gastos establecidos para la campaña presidencial de 2022. El fiscal Elkin Ardila, a cargo del caso, señaló que el sobretope habría alcanzado los 1.664 millones de pesos, y que se habrían dejado de reportar gastos con al menos diez empresas, entre ellas Mi Colombia Travel SAS, el Polo Democrático Alternativo, la Unión Sindical Obrera (USO), NeuroData SAS y Caracol Televisión.
Un escándalo que sacude al gobierno
Este caso es uno de los más sensibles para el Ejecutivo en sus cuatro años de mandato. Diversos sectores políticos y veedurías han denunciado irregularidades en la financiación de la campaña, lo que ha llevado a la Fiscalía a abrir varias líneas de investigación. La visita de Roa al búnker no ha formalizado aún ningún acuerdo, por lo que la acusación sigue en pie.
Un proceso penal paralelo
Además del caso por topes electorales, Roa enfrenta otra investigación por presunto tráfico de influencias, relacionada con la compra de un apartamento en el barrio Chicó de Bogotá. Según la Fiscalía, habría negociado una contratación a favor de un tercero a cambio de la adquisición de ese inmueble.
La defensa de Roa confía en que un acuerdo con la Fiscalía pueda resolver su situación, pero hasta ahora no hay nada concreto sobre la mesa.