El fraude por robo de identidad y falsificación de documentos en Colombia cuenta ahora con una herramienta legal definitiva para salvaguardar las finanzas de las personas. La entrada en vigencia de una norma de amplio alcance transforma las reglas de juego para las entidades financieras y comerciales frente a los reportes negativos que afectan el historial crediticio de miles de colombianos debido a actuaciones delictivas de terceros.
Un cambio radical en la carga de la prueba
Hasta hace poco, cuando un ciudadano descubría que un tercero había adquirido obligaciones financieras o comerciales usando sus datos personales de forma ilícita, la carga de la prueba recaía por completo sobre el afectado. Esto generaba largos procesos judiciales y administrativos para demostrar la suplantación, mientras las deudas seguían creciendo y afectando su historial crediticio.
Congelamiento inmediato de cobros
Con la nueva legislación, la obligación se invierte: ahora son los bancos y operadores de telefonía quienes deben congelar de inmediato los cobros ante la mínima sospecha de fraude con la cédula. La ley protege a los ciudadanos de ser víctimas de suplantación de identidad en la adquisición de líneas telefónicas, créditos y otros servicios financieros.
La legislación obliga a bancos y operadores de telefonía a congelar de inmediato cobros ante la sospecha de fraude con la cédula.
Impacto en el historial crediticio
La norma también establece mecanismos para que las víctimas de suplantación puedan limpiar su historial crediticio de manera más ágil, evitando que los reportes negativos generados por terceros delincuentes afecten su acceso a futuros créditos, vivienda o servicios.
Los expertos recomiendan a los ciudadanos revisar periódicamente su historial crediticio y reportar cualquier inconsistencia a las autoridades competentes, así como a las entidades financieras y operadores telefónicos, para activar los mecanismos de protección establecidos en la nueva ley.