Un operativo que desenmascara una red financiera del narcotráfico
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció este lunes la recuperación de 32 bienes inmuebles avaluados en cerca de $19.500 millones que estarían vinculados a Francisco Javier Piedrahita Sánchez, señalado por las autoridades como una de las piezas clave de las estructuras financieras del narcotráfico y del paramilitarismo aliadas de Gonzalo Rodríguez Gacha.
La intervención de la entidad se realizó en diferentes municipios de Antioquia como parte de un proceso de recuperación de bienes sometidos a medidas cautelares dentro de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación por presuntas actividades de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Bienes ocupados pese a estar bajo administración estatal
Según informó la SAE, los inmuebles permanecían ocupados por particulares pese a encontrarse bajo administración estatal. La entidad, además, sostuvo que la actuación se desarrolló en cumplimiento de órdenes judiciales de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, decretadas en procesos oficiales de extinción de dominio.
De acuerdo con la información oficial, los bienes también aparecen relacionados con integrantes del núcleo familiar de Piedrahita Sánchez y con la sociedad Uribe Lopera y Cía., que figura dentro de las investigaciones patrimoniales que adelantan las autoridades.
El vínculo con el paramilitarismo y el caso Parqueadero Padilla
Las autoridades han señalado a Piedrahita Sánchez como uno de los principales articuladores de las finanzas del paramilitarismo en el país. Su nombre aparece mencionado en investigaciones judiciales relacionadas con las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y en procesos asociados al denominado caso Parqueadero Padilla.
Este último expediente trata de la contabilidad hallada por la Fiscalía en el Parqueadero Padilla de Medellín, en 1998, que develaba toda la estructura financiera de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU).
La recuperación de estos bienes no solo garantiza la protección del patrimonio administrado por el Estado. También constituye un acto de reconocimiento a fiscales, jueces, investigadores y servidores públicos que enfrentaron a algunas de las organizaciones criminales más violentas del país.
Un refugio para animales como destino social
Uno de los inmuebles recuperados tendrá una destinación social. Según informó la entidad, el activo será convertido en un refugio para animales domésticos abandonados en articulación con la Alcaldía de Guarne. Allí serán atendidos 146 perros y gatos, en una iniciativa que busca transformar bienes provenientes de economías ilícitas en proyectos con impacto para las comunidades.