Movilidad

Salvatore Mancuso recibe nueva condena por crímenes del frente Wayúu

Salvatore Mancuso fue condenado nuevamente por crímenes cometidos por el frente Contrainsurgencia Wayúu, aunque no regresará a la cárcel tras cumplir ya ocho años, el máximo permitido bajo Justicia y Paz.

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Foto: La voz del país

El origen del poder paramilitar de Mancuso en Córdoba

Salvatore Mancuso emergió en los años 90 como líder en la sabana ganadera de Córdoba, donde administraba la finca Campamento en Tierralta. La región estaba bajo el acoso del Ejército Popular de Liberación (EPL), que generaba inseguridad con secuestros y extorsiones. Mancuso, con apoyo de la Brigada Móvil del Ejército, se posicionó como un líder comunitario y creó un grupo de autodefensa llamado 'El Caramelo', financiado por cuotas a ganaderos.

La expansión paramilitar y la creación del frente Contrainsurgencia Wayúu

Con respaldo militar y financiamiento, Mancuso consolidó su poder y en 1998, bajo órdenes de la cúpula paramilitar 'Casa Castaño', estableció alianzas con narcotraficantes y contrabandistas. En 2002 se formó el frente Contrainsurgencia Wayúu, que operó en La Guajira con cerca de 150 hombres, desplazando grupos guerrilleros y financiándose principalmente con narcotráfico y extorsiones.

La nueva condena por múltiples crímenes de lesa humanidad

La reciente sentencia de Justicia y Paz responsabiliza a Mancuso por más de 30 homicidios y delitos como desaparición forzada, terrorismo, tortura, desplazamiento forzado y violencia sexual. El fallo incluye la identificación de víctimas, indemnizaciones y mecanismos de reparación, además de exigir un compromiso de resocialización.

“La economía del grupo se sostuvo en el cultivo, procesamiento y producción de cocaína, que era exportada hacia Venezuela, Curazao, Aruba, Panamá y la isla de Margarita.”

¿Qué implicaciones tendrá esta condena para Mancuso y la justicia transicional?

Aunque Mancuso recibió una nueva condena, no regresará a prisión debido a que ya cumplió el máximo de ocho años permitido por la ley de Justicia y Paz. Continuará en libertad bajo un año de prueba y con la obligación de participar en procesos de resocialización. Esta situación genera debates sobre la efectividad y alcance de la justicia transicional en Colombia.

La voz del país

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