En enero de 2026, una investigación reveló que el senador Alirio Barrera, exgobernador de Casanare y actual representante del Centro Democrático, habría consolidado un amplio patrimonio inmobiliario mediante la adquisición y fragmentación de tierras de origen baldío, destinadas originalmente a campesinos sin tierra con fines de soberanía alimentaria.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) confirmó la existencia de un expediente administrativo contra Barrera por la acumulación de estos bienes. Se trata de 14 predios, ocho de ellos con origen baldío, ubicados principalmente en los municipios de Nunchía y Aguazul, donde el senador también fue concejal entre 2004 y 2007.
De acuerdo con la ANT, Barrera habría superado el límite máximo permitido por la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que en Aguazul es de 61 hectáreas, acumulando aproximadamente 351 hectáreas por encima del tope legal. Esto representa 6,7 veces la extensión máxima permitida para personas que no son sujetos de reforma agraria.
El proceso, liderado por la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras de la ANT, busca individualizar a los posibles infractores y evaluar si se deben tomar acciones legales, incluyendo la nulidad de los títulos de propiedad y la presentación de demandas judiciales. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el expediente sea archivado.
La acumulación de tierras baldías es un asunto sensible en regiones marcadas por el conflicto armado y el despojo de tierras, ya que estas propiedades tienen un régimen especial que busca garantizar el acceso a la tierra a campesinos desamparados y evitar la concentración de la propiedad rural.
La Agencia Nacional de Tierras tiene entre sus mandatos analizar infracciones relacionadas con la concentración de territorios que superen los límites de la Unidad Agrícola Familiar para proteger el acceso a la tierra de campesinos.
La investigación también señala que Barrera habría utilizado mecanismos como englobe, subdivisión y permutas para estructurar un negocio inmobiliario en Casanare, generando ingresos millonarios a partir de la venta de lotes a terceros, incluidos actores con influencia política regional.
Por ahora, el caso se encuentra en una etapa preliminar, con un estudio en curso para determinar la existencia de acumulación ilegal y las posibles acciones legales a seguir. La situación pone en evidencia los retos que enfrenta Colombia para garantizar la correcta adjudicación y uso de tierras baldías.