Tres días después de someterse a un procedimiento estético en un edificio del barrio Alquería, localidad de Puente Aranda, una mujer de 52 años falleció en una sede de la Cruz Roja. Lo que inició como una intervención de rutina se convirtió en una tragedia que hoy investigan las autoridades, poniendo nuevamente en el foco la práctica de cirugías estéticas en lugares sin los permisos exigidos.
Los detalles de la investigación
Según fuentes allegadas al caso, la paciente comenzó a presentar complicaciones poco después de la intervención. Aunque inicialmente fue atendida de manera particular, su estado se agravó con el paso de las horas, lo que obligó a su traslado de urgencia a la Cruz Roja, donde finalmente murió este viernes.
La muerte activó los protocolos de la Policía Metropolitana y la Policía Judicial, que llegaron al inmueble para inspeccionar el lugar, recolectar evidencias y reconstruir lo ocurrido. Los investigadores buscan determinar qué procedimiento se realizó, quién lo ejecutó, qué medicamentos se usaron y si el personal contaba con la formación y autorizaciones necesarias.
Un local sin habilitación sanitaria
Uno de los hallazgos más relevantes es que el establecimiento no aparece registrado en la base de datos pública de la Secretaría Distrital de Salud como Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) habilitada para cirugía plástica o estética. Pese a ello, el negocio mantiene presencia activa en Instagram, donde se promociona como “especialistas en postoperatorio” y ofrece atención en Bogotá.
Las autoridades también verifican si el inmueble cumplía con las condiciones sanitarias, técnicas y administrativas exigidas, y si existía la habilitación correspondiente para actividades médicas. La investigación incluye el análisis de la documentación de la paciente y las condiciones en que fue atendida.
El llamado de atención sobre los procedimientos estéticos ilegales
Este nuevo caso revive la preocupación por las cirugías estéticas que se siguen realizando en apartamentos, edificios o locales sin habilitación sanitaria. En los últimos años, Bogotá ha realizado múltiples operativos para detectar estos establecimientos, pero el fenómeno continúa cobrando víctimas.
EL TIEMPO intentó comunicarse con Ingrid Paola Mazo, representante legal del establecimiento, pero al cierre de esta edición no fue posible obtener respuesta. Serán los resultados de Medicina Legal y los elementos probatorios recolectados los que determinen las causas exactas de la muerte y las posibles responsabilidades penales o administrativas.