Noticia Exclusivo suscriptores Solicitudes de protección de firmantes de paz ante la UNP aumentaron 81 % en solo dos añosA través de robos, amenazas y peajes ilegales los grupos armados han dejado sin capacidad de maniobra a los esquemas oficiales.Estas son las camionetas de la UNP. Foto: Redes socialesLink Natalia Peláez Sabogal19.05.2026 06:08 Actualizado: 19.05.2026 06:08 Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. Escuchar 00:0000:001X Comentar La url ha sido copiada en el portapapeles Lo que en un inicio se pensó como un sistema capaz de brindar garantías mínimas para quienes dejaron las armas, hoy enfrenta un escenario completamente distinto en el que grupos armados ilegales no solo continúan asesinando excombatientes, sino que además han logrado desafiar y debilitar los propios esquemas de protección del Estado.En regiones como el Catatumbo y el Cauca, las disidencias de las Farc, estructuras armadas y organizaciones ligadas a economías ilícitas han terminado por imponer condiciones incluso sobre los vehículos blindados, escoltas y rutas de movilidad asignadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) dejando al Estado sin capacidad para la seguridad.El problema ha escalado a tal nivel que durante el Diálogo de Rendición de Cuentas Paz sobre las medidas implementadas para firmantes realizado el viernes 8 de mayo, la misma Subdirección Especializada de Seguridad y Protección reconoció que en algunos territorios, los esquemas dejaron de funcionar como medidas de mitigación del riesgo y, por el contrario, terminaron convirtiéndose en un factor adicional de exposición.Natalia Parada, subdirectora general de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, explicó que los casos más graves se concentran en zonas donde persiste un fuerte control territorial por parte de actores ilegales, especialmente en el Cauca y el Catatumbo.ETCR El Negro Eliécer Gaitán Foto:Comisión de la Verdad "En estas zonas los esquemas de protección terminaron volviéndose un factor que expone aún más al riesgo a la persona más que mitigarlo. Nos hurtan los vehículos y no solo desarman a los escoltas sino que también el actor armado impone restricciones y pautas de movilidad a los esquemas de protección" aseguró.El caso más reciente ocurrió a mediados de abril en el Catatumbo, Norte de Santander, donde en menos de 24 horas tres camionetas asignadas a líderes sociales terminaron en manos de las disidencias de las Farc. Hombres armados interceptaron los esquemas de seguridad, obligaron a descender a escoltas y protegidos y se llevaron los vehículos, entre ellos dos camionetas blindadas.Sin embargo, el robo de vehículos es solo una parte del problema. En algunas zonas los actores armados han llegado a imponer reglas sobre la movilidad de los protegidos. Entre ellas, exigir que los vehículos circulen con los vidrios abajo para poder identificar quién se moviliza en ellos, anulando por completo la protección del blindaje.Además, existen denuncias sobre el cobro de “peajes” ilegales para permitir el tránsito de camionetas oficiales en determinados corredores controlados por estructuras criminales.Este tipo de ataques y restricciones se ha vuelto recurrente en el Catatumbo, una región donde confluyen disidencias, el Eln y estructuras ligadas al narcotráfico, y que hoy representa uno de los mayores desafíos dejando incluso incapacitado de actuar al sistema de protección del Estado.Natalia Parada Garzón, subdirectora de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección Foto:CAPTURA TRANSMISIÓN "Es hay problemas estructurales del país que no se pueden pretender solucionar con esquemas de protección y la UNP necesita por supuesto unas un mínimo de condiciones en territorio para que las medidas tengan una operatividad" explicó la subdirectora.Aunque el Acuerdo contempló la creación de un sistema especial de protección, el avance de las disidencias, el fortalecimiento de economías ilícitas y las disputas territoriales terminaron deteriorando el panorama en varias regiones del país.Las cifras muestran el crecimiento acelerado de la presión sobre el programa de protección. Mientras en 2017 apenas se registraron 75 solicitudes de protección por parte de firmantes, para 2025 la cifra escaló hasta las 1.356 solicitudes, un aumento de 1.708 % en menos de una década.El incremento más fuerte ocurrió entre 2023 y 2025. En 2023 se registraron 751 solicitudes, mientras que en 2025 la cifra superó las 1.300, es decir, más de 600 casos adicionales en solo dos años. Así, 2025 se convirtió en el año con mayor número de solicitudes de protección desde la creación del sistema especializado.Pese al crecimiento masivo de las solicitudes, la entidad asegura que ha logrado reducir los tiempos de respuesta. Mientras en 2019 una solicitud podía tardar hasta 418 días en resolverse, para 2025 el promedio bajó a 67 días. Sin embargo, el aumento de las amenazas obligó también a ampliar significativamente el número de escoltas que estaba planteado con el Acuerdo. “Cuando se acordó en La Habana el tema de protección y crear una subdirección especializada, se pensó en un cuerpo de seguridad y protección de 1.200 escoltas porque se creía en ese momento que iba a ser suficiente para darle protección a la población firmante. Pero la realidad que ha demostrado el tiempo es que fue insuficiente”, explicó la funcionaria.Actualmente el sistema cuenta con 2.651 escoltas, más del doble de los inicialmente proyectados. En total, hoy operan 693 esquemas de protección, de los cuales 501 son individuales. También existen 162 esquemas colectivos y 23 destinados específicamente a entornos territoriales de reincorporación (ETCR).“El acuerdo de paz, si bien se firmó hace 10 años, todavía tiene muchos retos en cuanto a la implementación”, reconoció Parada.La violencia contra los firmantesEl deterioro de las condiciones de seguridad también ha sido advertido por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, en su más reciente informe señaló que la situación de seguridad para los firmantes continúa siendo crítica. LEA TAMBIÉN Los ruidos de las zonas de ubicación temporal para los grupos ilegales sin claridad en los compromisos de pazJesús Blanquicet
