En mayo pasado, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el Ministerio de Justicia anunciaron que el jefe criminal Paulo Andrés Torres Flórez, alias ‘Pocho’, había sido trasladado a la cárcel de Girón (Santander). Esto ocurrió luego del escándalo por la parranda vallenata de Nelson Velásquez en la cárcel La Paz de Itagüí, en la que alias ‘Pocho’ fue uno de los protagonistas. Sin embargo, el traslado nunca se concretó.
Un traslado que nunca ocurrió
En las últimas horas se conoció que, en los registros del sistema penitenciario, el traslado de alias ‘Pocho’ aparecía en estado de suspendido, a pesar de que la orden fue comunicada hace tres meses. Medios de comunicación sugirieron que el líder criminal de la banda La Agonía de Medellín podría estar prófugo, pero el Inpec aclaró la situación.
Según la entidad, alias ‘Pocho’ nunca llegó a Girón porque todos estos meses estuvo interno en la cárcel La Picota de Bogotá. El término jurídico utilizado es 'en tránsito'. Además, por orden del director general del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, será trasladado en los próximos días a la cárcel de alta y mediana seguridad de La Dorada, en Caldas.
El traslado está a cargo de los Grupos Especiales del Instituto, garantizando la seguridad del privado de la libertad en cumplimiento de las penas y las medidas de detención otorgadas por la Ley. Torres Flórez se encuentra condenado a 20 años por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado.
La parranda que destapó el escándalo
Alias ‘Pocho’, cabecilla de La Agonía, fue uno de los organizadores de la celebración a principios de abril. Nelson Velásquez fue invitado con motivo del cumpleaños número 39 del jefe criminal. Los cabecillas de la cárcel de Itagüí decidieron celebrar el 8 de ese mes aprovechando irregularidades que son materia de investigación de la Fiscalía y la Procuraduría.
La estructura liderada por ‘Pocho’ tiene plena injerencia en la comuna 13 de Medellín y es responsable de delitos como homicidio, desplazamiento forzado, tráfico de estupefacientes y extorsión en San Javier. Tras su captura en 2019, fue condenado a 36 años y 10 meses de prisión por el asesinato de la lideresa comunal Liliana Patricia Cataño Montoya, ocurrido en 2017.