A esta hora se reporta total normalidad en el casco urbano del municipio de Segovia, ubicado en el Nordeste de Antioquia. Sin embargo, el ambiente que se respira en la localidad es de profunda expectativa tras los graves desórdenes registrados entre la noche del sábado y la madrugada del domingo 12 de julio. La situación, detonada por operativos de la Policía Nacional contra la minería ilegal, escaló rápidamente dejando un panorama de confrontación, acusaciones mutuas y versiones encontradas entre la institucionalidad, las asociaciones mineras y los grupos armados ilegales que operan en la subregión.
La versión oficial: control restablecido con refuerzos militares
Por un lado, la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, informó de manera oficial que las alteraciones al orden público provocadas por lo que denominaron 'un grupo de delincuentes en reacción a los operativos legales y legítimos' ya fueron superadas. Según el balance gubernamental, una pronta y efectiva intervención de la Fuerza Pública permitió restablecer el control en la zona. Ante la gravedad de los hechos violentos, la Gobernación lideró un Consejo de Seguridad Extraordinario junto al Ejército, la Policía, la Alcaldía local y organismos de control. Como resultado, se acordó un incremento inmediato del pie de fuerza con nuevas unidades de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), el despliegue intensificado de las brigadas 14 y 19 del Ejército para evitar bloqueos viales, y la expedición de un decreto municipal con medidas restrictivas como la prohibición del parrillero en motocicleta.
El reclamo de los mineros: diálogo y respeto por los derechos humanos
En abierto contraste, las comunidades afectadas y los voceros locales narran una realidad mucho más dolorosa. Desde la Mesa Minera de Segovia y Remedios, presidida por Yarley Erasmo Marín López, se emitió un llamado urgente a la prudencia y el respeto absoluto por los derechos humanos. La asociación instó tanto a la Policía como al Ejército a garantizar de manera estricta la protección de la población civil durante estos procedimientos penales. Paralelamente, invitaron a la ciudadanía y a los mineros artesanales a manifestar sus inconformidades de forma estrictamente pacífica, buscando abrir escenarios de diálogo que incluyan a la Alcaldía, la Gobernación, el Ministerio de Defensa y la empresa Frontera Gold, para hallar soluciones duraderas que no vulneren el sustento económico de las miles de familias que dependen de este sector ancestral.
El EGC niega participación y acusa a la fuerza pública
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) negó mediante un comunicado cualquier participación en las protestas mineras del 12 de julio en Segovia, Antioquia, donde se reportó una persona muerta y varios heridos tras la intervención de la fuerza pública.
Por otra parte, la tensión política escaló tras un pronunciamiento del Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), a través de su Bloque Roberto Vargas Gutiérrez. En un comunicado a la opinión pública, el grupo armado ilegal desmintió categóricamente los señalamientos del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien los acusó de instrumentalizar o participar en las protestas. Según el grupo armado ilegal, los disturbios correspondieron a una 'reacción espontánea de los pequeños mineros' ante la criminalización de su actividad. Asimismo, el grupo denunció que la intervención armada de la Fuerza Pública se realizó mediante disparos indiscriminados y gases lacrimógenos contra la población civil, dejando como saldo una persona fallecida, al menos dos heridos de gravedad y numerosos lesionados.