La polémica por la presunta discriminación en el fútbol profesional femenino en Colombia escaló al plano político tras un cruce de declaraciones entre la representante a la Cámara Catherine Juvinao y el Gobierno, motivado por un reglamento cuestionado que permitiría que jugadoras compitan sin contrato laboral.
Catherine Juvinao denunció que el Ministerio del Deporte avaló una normativa de la Dimayor que habilita a las futbolistas de la liga femenina a jugar sin vínculo contractual, a diferencia del fútbol masculino donde todos los jugadores deben tener contrato. Según la congresista, esta situación configura una desigualdad estructural y vulnera derechos laborales básicos como salud, pensión y riesgos laborales.
"En Colombia hay dos ligas de fútbol profesional. En una, todos los jugadores deben tener contrato por ley. En la otra, hasta 10 integrantes por equipo pueden jugar sin contrato, sin salud, sin pensión, sin ARL. ¿Adivinen cuál es la liga de mujeres? ¡Exacto! A las que les toca jugar sin contrato", afirmó Juvinao.
La representante argumenta que la figura de “jugadora aficionada” se utiliza para evadir responsabilidades legales, y que esta práctica contraviene la legislación vigente que exige contrato laboral cuando existe subordinación. Además, identificó ocho clubes con futbolistas que compiten sin afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.
- Real Santander
- Orsomarso FC
- Cortuluá FC
- Atlético Nacional
- Once Caldas
- Bucaramanga
- Fortaleza FC
Juvinao exigió al Ministerio de Trabajo ejercer inspección, vigilancia y control, y sancionar a los responsables, incluyendo a la Dimayor.
En respuesta, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la gestión estatal y resaltó los avances en reconocimiento laboral y beneficios para las futbolistas a través del diálogo social entre autoridades, dirigentes y jugadoras.
"En el Gobierno del Cambio no necesitamos que nos exijan inspeccionar: esa es nuestra función y nuestro talante, garantizar derechos en el fútbol profesional colombiano y en todo el mundo del trabajo", afirmó el ministro.
Sanguino destacó el aumento en inspecciones, pasando de 4 en 2024 a 34 en 2025 y 5 en 2026, y aseguró que las solicitudes de la congresista serán incorporadas en un plan con clubes que ya ha generado sanciones y medidas para dignificar a las futbolistas.
El cruce político evidencia un debate crucial sobre la igualdad y la protección laboral en el deporte femenino en Colombia, con implicaciones inmediatas para las condiciones de las jugadoras en la liga profesional.