El Ministerio de Trabajo de Colombia expidió un nuevo decreto con el objetivo de poner fin al fraude laboral mediante la tercerización ilegal de servicios. La medida, anunciada por el ministro Antonio Sanguino, establece sanciones económicas de hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes, lo que en 2026 representa aproximadamente 8.754 millones de pesos.
¿Qué implica la nueva regulación?
El decreto busca desincentivar prácticas ilegales en las que empresas contratan servicios a través de intermediarios para evadir responsabilidades laborales y prestacionales. La normativa aplica tanto a empresas del sector privado como a entidades públicas que incurran en esta modalidad de contratación fraudulenta.
- Las sanciones pueden alcanzar los 5.000 salarios mínimos, equivalentes a 8.754 millones de pesos en 2026.
- La medida aplica a empresas que utilicen intermediarios para ocultar relaciones laborales directas.
- El Ministerio de Trabajo será el encargado de vigilar y sancionar estas prácticas.
Este decreto es un paso firme para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones laborales.
Reacciones y contexto
La noticia ha generado reacciones encontradas. Mientras sindicatos y organizaciones laborales celebran la medida como un avance contra la precarización, gremios empresariales advierten sobre posibles efectos en la contratación y la competitividad. El decreto se suma a otras reformas laborales impulsadas por el Gobierno, como la reducción de la jornada laboral, que también ha tenido excepciones y debates.