Este viernes 3 de julio, sobre las 8:15 de la mañana, los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump sostuvieron una llamada telefónica que —según el comunicado oficial de la Casa de Nariño— tocó dos asuntos centrales: la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y la solicitud de Colombia para que Estados Unidos respalde la salida de Petro de la llamada Lista Clinton.
Según el comunicado, el mandatario colombiano informó que el país cumplió la meta acordada de cerca de 30.000 hectáreas erradicadas y que espera llegar a 41.000 al cierre de 2026, un programa que solo tiene financiación garantizada hasta el 31 de diciembre. En ese contexto, Petro pidió a Trump su colaboración para sostener la sustitución de cultivos con el gobierno entrante, y también su apoyo para salir de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La respuesta de Trump, de acuerdo con Presidencia, fue que 'hará lo mejor' para que ese propósito 'se materialice'.
El origen de la sanción y el peso de la política
El anuncio revive una pregunta que circula desde octubre pasado, cuando el Departamento del Tesoro incluyó a Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti en el listado de sanciones: ¿basta la voluntad política de Trump para sacar a un presidente de la lista?
El abogado Andrés Jiménez, exdelegado para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, sitúa primero el origen jurídico de la sanción: 'El Presidente Petro fue incluido en la lista OFAC o denominada lista Clinton en virtud de la Orden Ejecutiva 14059 de 2021. Esta orden ejecutiva sanciona a las personas que, a juicio de Estados Unidos, hayan contribuido materialmente con sus actuaciones a la proliferación de drogas ilícitas o sus medios de producción en materia de narcotráfico internacional'.
Y añade: 'En otras palabras, Estados Unidos consideraba que la política del Gobierno Petro contribuía a la expansión del narcotráfico internacional'.
¿Puede Trump influir en la salida de la lista?
A la pregunta de si Trump puede efectivamente influir para que alguien sea retirado del listado, Jiménez responde que 'puede el Presidente Trump influir para que alguien sea retirado de la lista? Por supuesto que si. La lista OFAC es administrada por el Departamento del Tesoro y es un instrumento de política económica o una arma económica, que tiene Estados Unidos. No es un tema judicial, es un tema ante todo administrativo y de política económica exterior'.
Como precedentes, recuerda que 'un ejemplo de levantamiento de sanciones se dio con Siria el año pasado o inclusive hace unos días con Venezuela con ocasión del Terremoto para permitir que lleguen ayudas'.
El trámite no es automático: hay que demostrar cambios
Ahora bien, el jurista precisa que el trámite no es automático ni discrecional: 'Si bien la inclusión en la lista, puede ser demandado en Cortes, por lo general la salida de una persona de la lista implica demostrarle al Departamento del Tesoro que las razones que tuvieron para ser incluido han desaparecido o no eran ciertas. Seguramente eso fue lo que se intentó hacer con el controversial contrato con la firma inglesa Amadeus' —en referencia al convenio suscrito con Amadeus Consultancy, que según reportes de prensa ascendió a cerca de 10.000 millones de pesos y que generó cuestionamientos por su monto y por haberse adjudicado sin licitación pública, al punto de que la Procuraduría abrió una indagación preliminar.
Las dudas sobre los vínculos con el 'clan del Golfo'
Sin embargo, está la incógnita sobre si lo que se ha venido revelando en medios sobre presuntos acuerdos con el 'clan del Golfo', el llamado 'juego de congelados' y la salida de generales y oficiales de inteligencia era o no conocido por Estados Unidos. Para Washington, el 'clan del Golfo' es una organización internacional de narcotráfico y que, desde diciembre de 2025, también fue catalogada como organización terrorista internacional.
Los antecedentes y las señales de la Casa Blanca
El expediente no es nuevo. Desde que se conoció la sanción, en octubre de 2025, el Gobierno colombiano ha insistido por distintas vías en pedir su levantamiento. La canciller Rosa Villavicencio confirmó en marzo que la Cancillería envió una nota verbal solicitando el retiro de las sanciones, por considerarlas 'injustas' y basadas, a su juicio, en un planteamiento político. En junio, el senador estadounidense Bernie Moreno —cercano a la Casa Blanca— dijo públicamente que consideraba 'bastante probable' que Petro saliera de la lista. Y un exdirector de la OFAC, Miad Maleki, había señalado meses atrás en entrevista radial que el organismo contaba con 'suficiente evidencia' para haber tomado la decisión inicial, aunque calificó las sanciones como 'reversibles'.
Pese a esas señales, hasta finales de enero el nombre de Petro seguía figurando en el registro público de la OFAC, según constató la representante Katherine Miranda al consultar directamente la plataforma. El propio Petro, por su parte, ha cuestionado la legitimidad de la herramienta: en abril escribió en su cuenta de X que la lista 'ya no es un arma contra el narcotráfico' y que, a su juicio, sirve para 'perseguir oposiciones políticas'.