Paolo Zampolli, amigo de Donald Trump y representante especial para alianzas globales, pidió en junio a un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que detuviera a su exesposa, una mujer brasileña en disputa por la custodia de su hijo adolescente.
La exmujer de Zampolli estaba bajo custodia policial en Miami por un supuesto fraude laboral, y él aprovechó la situación para solicitar que fuera puesta bajo custodia migratoria, facilitando así su deportación.
Un funcionario del ICE accedió rápidamente a la petición sin mayores explicaciones, debido a la importancia del caso para alguien cercano a la Casa Blanca, lo que provocó que la mujer fuera detenida por la policía migratoria y finalmente deportada.
El impacto en la comunidad
Este episodio ha desatado indignación por el uso indebido de recursos del Gobierno federal para resolver una disputa personal, evidenciando un abuso de poder y favoritismo dentro de la administración Trump.
Zampolli, conocido por su cercanía con la familia Trump y su participación en eventos oficiales, ha negado haber pedido directamente la detención, asegurando que solo solicitó información sobre la situación migratoria de su exesposa.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la detención y deportación se hicieron conforme a la ley, debido a la expiración del visado y la imputación por fraude, rechazando cualquier motivación política.
El caso pone en evidencia las conexiones entre funcionarios de alto nivel y allegados de Trump, así como los riesgos de que intereses personales influyan en decisiones oficiales de inmigración.
“Cualquier insinuación de que fue arrestada y expulsada por motivos políticos o por favores es FALSA”, afirmó el Departamento de Seguridad Nacional.