Una acción de tutela presentada contra el Ministerio de Ambiente, la Anla, varias corporaciones autónomas y el presidente Gustavo Petro busca detener la eutanasia de cerca de 200 hipopótamos en el Magdalena Medio, considerados una especie invasora que afecta el ecosistema y a las comunidades ribereñas.
Los hipopótamos, descendientes de los cuatro ejemplares traídos por Pablo Escobar para su zoológico, han proliferado sin depredadores naturales, generando contaminación del agua y poniendo en riesgo especies nativas como peces y manatíes.
El Gobierno autorizó la eutanasia de 80 hipopótamos como medida para controlar su expansión, lo que ha generado rechazo en algunos sectores animalistas que argumentan la defensa del derecho a la vida de estos seres sintientes.
El juez que admitió la tutela dio un plazo de dos días al Gobierno y a las corporaciones para que presenten un informe justificando la medida, pero negó la suspensión provisional de la eutanasia, argumentando que no se evidenció un perjuicio irremediable que amerite una intervención urgente.
"Las medidas provisionales deben ser razonadas, sopesadas y proporcionadas a la situación planteada, pues no implican un poder arbitrario u omnímodo", explicó el juez encargado del caso.
Expertos jurídicos opinan dividido sobre la posibilidad de que la tutela prospere. El abogado Hollman Ibáñez sostiene que el bien general prima sobre el particular, por lo que la medida debería continuar para proteger a las comunidades afectadas.
Por otro lado, el penalista Fabio Humar considera que es posible que un juez suspenda la eutanasia por sensibilidad hacia temas ambientales y derechos de los animales, citando precedentes judiciales en Colombia donde se priorizaron estas consideraciones.
Este caso pone en evidencia la compleja tensión entre la protección ambiental, los derechos de los animales y el bienestar de las comunidades humanas que enfrentan las consecuencias de especies invasoras en Colombia.