Este 1 de junio se cumplieron nueve años de la suspensión del programa de trasplantes de donante cadáver en Venezuela, lo que ha puesto en riesgo, especialmente, a niños y niñas por casi una década, incrementando la mortalidad infantil por falta de un órgano, sobre todo en las familias más pobres.
Desde 2017, solo se realizan trasplantes de donante vivo en el país, una opción limitada para la población pediátrica. La falta de donantes cadáver ha dejado a cientos de menores en lista de espera, muchos de los cuales han fallecido sin recibir un órgano.
La suspensión del programa de trasplantes de donante cadáver ha sido una deuda del Estado venezolano con su población infantil. Cada año que pasa sin una solución, más niños y niñas pierden la vida esperando un órgano que nunca llega.
La crisis se ha visto agravada por la falta de inversión en infraestructura hospitalaria, la escasez de insumos médicos y la migración de especialistas. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que esta situación constituye una violación sistemática del derecho a la salud.
Mientras tanto, Argentina solicitó a España la extradición de un exmilitar venezolano por crímenes de lesa humanidad, en un caso que refleja la compleja situación judicial y política que atraviesa el país.