El hallazgo del cuerpo de María Camila Potosí, el pasado 20 de julio, encendió las alarmas en Cali y en todo el país. La joven, que estaba en su octavo mes de embarazo, fue víctima de un crimen que estremeció a la opinión pública: le extrajeron a su bebé, a quien llamaría Alahia. Ante la magnitud del hecho, la Policía Metropolitana de Cali, junto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y otras autoridades, activaron de inmediato un plan de acción para dar con los responsables.
Las piezas que armaron el rompecabezas
Los investigadores trabajaron contrarreloj para reconstruir los últimos momentos de María Camila. Las cámaras de seguridad, los testimonios de vecinos y el análisis de telefonía celular fueron fundamentales para identificar a los sospechosos. Cada dato, por mínimo que pareciera, se convirtió en una pista que acercaba a los captores.
El operativo de captura
Tras semanas de seguimiento y labores de inteligencia, las autoridades ejecutaron un operativo coordinado en varios puntos de la ciudad. Los allanamientos se realizaron de manera simultánea para evitar que los sospechosos pudieran escapar o alertarse entre sí. La Policía Metropolitana de Cali y el CTI lideraron cada uno de los procedimientos, que culminaron con la captura de cinco personas señaladas de participar en la desaparición y el asesinato de la joven.
Este es un golpe contundente contra la impunidad. No descansaremos hasta que se haga justicia por María Camila y por su bebé.
El impacto en la comunidad
La noticia de las capturas generó un mix de alivio y dolor entre los habitantes de Cali, quienes habían exigido celeridad en la investigación. Organizaciones de mujeres y colectivos sociales también celebraron el avance, aunque insistieron en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención de violencias basadas en género.
Las autoridades confirmaron que los capturados deberán responder por los delitos de feminicidio agravado, secuestro y desaparición forzada, entre otros. Mientras tanto, la Fiscalía continúa recopilando pruebas para presentar ante un juez de control de garantías, en lo que se perfila como un caso de alto impacto judicial.