La disputa entre las disidencias de alias ‘Mordisco’ y alias ‘Calarcá’ por el control territorial de una zona que quedó bajo fuego tras la fractura de ese grupo armado dejó un saldo de 48 personas muertas, muchas de ellas menores de edad víctimas de reclutamiento forzado.
Este escalamiento del conflicto, en plena víspera electoral, fue quizá la cara más visible de una violencia presente en distintas regiones y que, según entidades como la Defensoría del Pueblo, podría incidir en el voto libre de los ciudadanos.
Dos formas de coerción en los territorios
En territorios como el Catatumbo, el nordeste antioqueño o el suroccidente del país se imponen dos formas de coerción. La primera: la violencia derivada del pulso entre dos o más grupos armados que se disputan el control criminal. La segunda: la gobernanza ejercida por el dominio hegemónico de uno de estos grupos y las prácticas de control que se desprenden de ello, como la carnetización y los toques de queda.
La preocupación central no es la realización de la jornada electoral. La preocupación central es la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país. El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones, que ignore el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados.
Cauca, el departamento más crítico
Cauca es el departamento más crítico, con cinco municipios en los que se agravó el riesgo: Puerto Tejada, Balboa, Jambaló, Padilla y Villa Rica. La gran mayoría han sido epicentro de atentados y hostigamientos contra la Fuerza Pública. Sin embargo, ‘por debajo de la mesa’, los grupos armados definen reglas con las que condicionan el comportamiento electoral de la población.
Existe un riesgo de coacción por parte de los grupos armados sobre las poblaciones o, en todo caso, de restricciones al proselitismo político. Eso ya lo vimos en las campañas al Congreso de la República. Hubo varios incidentes: uno relacionado con el senador Jairo Castellanos, en Arauca; también hechos en el Huila, contra el senador Julio César Triana. Se presentaron restricciones al proselitismo de distintas campañas. Además, en algunas zonas —y eso está consignado en la alerta temprana— está prohibido el ingreso de ciertos sectores políticos.
Polémicas gabelas y el rol del Gobierno
En medio de este panorama de conflicto desbordado, hubo polémica por la solicitud del Gobierno a la Fiscalía General de la Nación de levantar las órdenes de captura contra 26 cabecillas del ‘Ejército Gaitanista de Colombia’ para blindar su traslado a las también polémicas zonas de ubicación temporal, justamente en los territorios donde ejercían control criminal.
La decisión encendió las alertas de distintas entidades, organizaciones y sectores políticos, que cuestionaron la conveniencia de entregar parte del territorio a criminales del talante de alias ‘Chiquito Malo’, considerado el enemigo público número uno del país.
Nosotros tenemos cierta inquietud porque, si bien esto podría parecer una buena noticia o un avance hacia la paz, ocurre en medio de una enorme incertidumbre, porque el Gobierno actual realmente no puede comprometerse con lo que ocurra faltando tan poco tiempo para la primera vuelta presidencial. Esto podría estar generando incentivos perversos para que estos grupos, sin necesariamente hacer la voluntad del Gobierno, incidan en los procesos electorales pensando en que una eventual continuidad podría resultarles más conveniente frente a sus expectativas sobre estos procesos.
Tras estas advertencias, la Fiscalía finalmente negó esas gabelas. Pero los grupos ilegales intensificaron su accionar.