Durante los estallidos sociales de 2021, grupos de vándalos causaron graves daños en Bogotá y otros municipios: intentaron incendiar TransMilenio, atacaron estaciones de policía, quemaron alcaldías, bloquearon vías, agredieron ambulancias y asesinaron personas. Con el tiempo, las autoridades identificaron y capturaron a varios responsables, iniciando procesos judiciales.
De terroristas a manifestantes: el giro judicial que genera polémica
Once de los vándalos capturados fueron sindicados por la Fiscalía como terroristas, pertenecientes a la estructura 'Primera Línea por el Pueblo'. Se les imputaron delitos como concierto para delinquir, terrorismo, fabricación de artefactos explosivos y bloqueo de vías. Sin embargo, esta semana la misma Fiscalía emitió una resolución trasladando el caso a otra fiscal para ser tratado como un acto de protesta social, bajo justicia restaurativa.
Lo sucedido con el traslado del caso de once vándalos a la justicia restaurativa genera muchas dudas. ¿No se abre acá una peligrosa puerta para las protestas que ya anuncian figuras del gobierno saliente?
Las víctimas y la confianza en la justicia
- Los críticos sostienen que la decisión podría cambiar la tipificación de la conducta, dando un trato más benigno a los señalados y perdiendo años de investigación.
- La Fiscalía asegura que el cambio de fiscal no archiva el proceso ni absuelve a los implicados, y que los hechos ocurrieron en el marco de una protesta social.
- Se cuestiona dónde quedan los derechos de las víctimas, como la familia que perdió a un hijo asesinado en Las Américas durante las protestas.
El caso recuerda la condena ejemplar de 'Epa Colombia' por dañar una estación de TransMilenio, y contrasta con la decisión del gobierno saliente de otorgar estatus de gestora de paz a una mujer señalada de participar en el atentado contra el centro Andino en 2017, que dejó tres mujeres muertas.
Un precedente que preocupa
La decisión de la Fiscalía se produce un día antes de la acusación formal y en medio de anuncios de nuevas protestas por parte de figuras del gobierno saliente. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué pasa con la confianza que la justicia había ganado con este caso?