Entre febrero y marzo de 2026, Buenaventura registró al menos 23 homicidios, una cifra alarmante que refleja un asesinato cada tres días. La mayoría de las víctimas son jóvenes entre 17 y 30 años, afectados por las disputas entre grupos armados ilegales que buscan expandir su control territorial.
La Defensoría del Pueblo atribuye este aumento a la reconfiguración interna de estos grupos, motivada por la captura de sus integrantes, lo que ha intensificado la competencia violenta por el dominio de las zonas urbanas de la ciudad, especialmente en las comunas San Francisco, San Luis, Juan XXIII y la comuna 12.
Esta dinámica criminal, que se remonta a los años más duros del conflicto contra el narcotráfico, se traduce en la defensa violenta de fronteras invisibles entre barrios, restricciones a la movilidad y confinamientos de sectores, con el narcotráfico como eje central del control territorial.
Además de los homicidios, se han reportado violaciones a derechos humanos como reclutamiento de menores, desapariciones, extorsiones a comerciantes y transportadores, secuestros y enfrentamientos armados que afectan a la población civil y limitan la movilidad en varios sectores del distrito.
“El aumento de homicidios y otras violaciones a los derechos humanos responde a procesos de reconfiguración interna de estos grupos, generando disputas por el control territorial y ajustes internos”, explica la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo señala la insuficiencia de la respuesta estatal y hace un llamado urgente a los gobiernos nacional, regional y local para implementar acciones integrales en seguridad, justicia y oferta social, enfocadas en proteger a la población civil, especialmente a jóvenes y comunidades vulnerables.
También se insta a los grupos armados presentes en mesas de diálogo a cumplir los acuerdos de paz, respetar la vida y avanzar en procesos de desmovilización para garantizar la seguridad y el bienestar de Buenaventura.
- Incremento de homicidios, desapariciones y reclutamiento de menores.
- Restricciones a la movilidad y confinamientos en barrios afectados.
- Extorsiones y secuestros que afectan la economía local.
- Necesidad de intervención integral en seguridad, justicia y oferta social.
- Priorizar atención a jóvenes, comunidades vulnerables y entornos escolares.
- Cumplimiento de los acuerdos de paz por parte de grupos armados.
- Implementación de medidas inmediatas para contener la violencia.