Un operativo sin precedentes contra la corrupción en el Caribe
Después de semanas de audiencias, un juez envió a la cárcel a nueve involucrados en el escándalo de Aremca, en el cual se habrían negociado de manera irregular 101 contratos por cerca de medio billón de pesos. La Fiscalía General tiene como hipótesis que la red delincuencial habría firmado contratos con entidades públicas y después habría malversado los recursos.
Los detenidos y su presunto rol en la red
Los judicializados en este escándalo, que por la suma en juego es uno de los más grandes de los últimos años, son el exrepresentante legal de Aremca, Gustavo Bolaño; las representantes legales y tesorera Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero; los coordinadores Andrés David Sáez Miranda, Javier Antonio Ramírez Manzola, Liliana Urán Germán, Rafael Antonio Flórez Franco y Fredy Francisco Borelly Salazar; y Luis Alfredo Soto Caraballo, presunto enlace con otras personas.
El modus operandi: contratos direccionados y empresas fachada
La investigación a cargo del fiscal Andrés Felipe Vásquez parte de que entre 2020 y 2026, Aremca suscribió 101 contratos con gobernaciones y alcaldías por cerca de 496.000 millones de pesos, los cuales eran producto de regalías. La idea era direccionar esa plata para ejecutar obras y desarrollar proyectos agrícolas, ambientales, tecnológicos y de seguridad alimentaria. "Las mencionadas iniciativas habrían sido ejecutadas mediante órdenes de servicio y subcontrataciones con empresas fachada, firmas de papel y otras personas relacionadas con la organización, en contravía de las disposiciones que regulan la contratación pública", explicó la Fiscalía este miércoles.
Irregularidades detectadas en los contratos
- Ausencia de estudios técnicos previos.
- Direccionamiento irregular de los procesos de selección.
- Alquiler de máquinas incluso por fuera del Caribe, área en la que tiene operación la asociación.
- Los negocios llegaron hasta Arauca, Cauca, Caquetá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Norte de Santander y Santander.
"En dos oportunidades asignó a la Asociación de Municipios del Golfo de Morrosquillo y Córdoba proyectos de interventoría sobre obras proyectadas en Clemencia, Bolívar, y San Andrés, sin tener en cuenta las restricciones de ley. De otra parte, se conoció que en 23 contratos, al parecer, se configuró un enriquecimiento ilícito en favor de los contratistas por aproximadamente 14.235 millones de pesos", concluyó el ente acusador.
Los delitos imputados y la negativa de los acusados
Por esos hechos, el fiscal Vásquez imputó a los nueve detenidos los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado. Ninguno aceptó los hechos y por orden del juez, tendrán que responder por este proceso desde una cárcel que asigne el Inpec.