Un desvío millonario bajo la figura de urgencia manifiesta
La Fiscalía General de la Nación destapó un entramado de irregularidades en un contrato interadministrativo firmado en 2019 bajo la figura de urgencia manifiesta en el Chocó. El desvío de los recursos públicos, que debían financiar muros de contención para proteger a tres municipios del departamento, supera los 3.556 millones de pesos.
Los implicados y el esquema de subcontratación
El ente investigador obtuvo elementos materiales probatorios que permitieron la judicialización del exalcalde del municipio de Unguía, Otoniel Pérez Sáenz, así como de Adolfo León Tabares Gutiérrez, representante de la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño (Asomura), y del contratista Luis Alberto García Mosquera. La investigación evidenció que los tres procesados coordinaron acciones para desviar los fondos estatales mediante un esquema irregular de subcontratación.
Los recursos estaban asignados de forma exclusiva a la construcción de obras de mitigación ambiental para proteger a comunidades vulnerables del departamento ante las olas invernales.
El impacto en las comunidades vulnerables
El dinero debía financiar muros de contención en tres municipios del Chocó, pero terminó en bolsillos de privados. La Fiscalía demostró que los recursos no se ejecutaron de acuerdo con los requerimientos legales, dejando a las comunidades expuestas a las inundaciones.
- El contrato se firmó en 2019 bajo urgencia manifiesta.
- Los recursos superan los $3.556 millones.
- Las obras eran para mitigar inundaciones en Unguía y otros dos municipios.
- Los implicados habrían coordinado un esquema de subcontratación irregular.