En la última semana, la Agencia Nacional de Tierras denunció una seguidilla de amenazas y retaliaciones físicas contra campesinos beneficiarios de la reforma agraria. Los hechos se conocieron por denuncias ciudadanas, un reporte policial y una alerta de la ANT.
Torturas y desalojos en Puerto López, Meta
El último hecho se reportó en un predio ubicado en Puerto López, Meta, donde, al parecer, hombres armados agredieron, torturaron y amarraron durante más de seis horas a cinco personas, obligándolas a desalojar el predio que hace dos meses habían recibido del Estado.
“Las víctimas corresponden a José Braulio González Melo, Fabio Andrés Rey Rey, Fidelina Roa Córdoba, Rosalba Córdoba Vega y una menor de 14 años, quienes presentan múltiples lesiones físicas realizadas con objetos contundentes (machete y palos)”, explicaron en su reporte inicial las autoridades.
Amenazas en Tuluá y comunidades indígenas
Con escasos días de diferencia y en el otro extremo del país, en Tuluá, Valle del Cauca, cerca de 100 familias del Consejo Comunitario Sabaletas fueron amenazadas con el mismo discurso: abandonar el terreno que se les había adjudicado en el marco de la reforma agraria. Una situación casi que calcada se habría reportado en una comunidad indígena asentada en el corregimiento de San José.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que se hace 'urgente proteger a quienes se han beneficiado de la reforma agraria. La seguridad física de ellas y ellos, la seguridad jurídica y las garantías integrales han sido un reto que ahora se acentúa'.
Homicidios y visitas defensoriales
El Ministerio Público señaló que en los últimos días, además de las amenazas, también se han reportado homicidios contra líderes y lideresas campesinas beneficiarias de la reforma rural. 'Hemos realizado visitas defensoriales a zonas especialmente delicadas en materia de riesgos para verificar la situación en territorio y hemos solicitado respuestas institucionales', afirmó la entidad en un comunicado.
Llamado a la articulación institucional
La Defensoría reiteró el llamado a que los procesos de entrega de tierras se desarrollen con 'planeación, articulación institucional y coordinación con las autoridades locales para garantizar medidas efectivas de seguridad, protección y prevención de conflictos entre comunidades'.
Y agregó que 'en el marco de nuestras competencias constitucionales, continuaremos promoviendo una respuesta institucional urgente y articulada, así como el acompañamiento integral al campesinado y la protección de sus derechos'.
La reforma agraria como pilar impostergable
A propósito de este conflicto agudizado por las acciones violentas de las últimas semanas, la Defensoría recalcó que la implementación de la reforma agraria es uno de los cuatro pilares de decisiones impostergables para el nuevo Gobierno, al que recomiendan avanzar en la entrega y adjudicación de tierras para 'garantizar los derechos del campesinado y de los pueblos étnicos'. 'Esto implica, entre otros asuntos, garantizar el acceso democrático a la tierra, la restitución efectiva para las víctimas, el fortalecimiento del catastro multipropósito y la protección de las territorialidades campesinas y étnicas', concluyó.